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    Por: Antero Flores-Araoz / Despropósito Constitucional

    Por: Antero Flores-Araoz / En anterior artículo titulado “Contrabando Constitucional”, formulamos nuestra crítica al intento de algunos parlamentarios antauristas de cambiar nuestra Constitución.  Como sabemos, lo que fuera un partido político serio, fundado por Javier Pérez de Cuéllar, mutó a ser vientre de alquiler de personas antisistema que quieren destruir lo que con tanto esfuerzo logró nuestra patria durante los casi 30 años de vigencia de la Constitución de 1993.

    Aupados en Unión por el Perú (UPP) han presentado un proyecto tan absurdo, con el que pretenden que el Perú en el transcurso de un año sea regido por tres constituciones, como cuestionó con razón quien fuera alcalde de Lima, presidente del Consejo de Ministros y varias veces parlamentario: Jorge Del Castillo Gálvez.

    Los autores del despropósito alegaban que la actual Constitución era la causante que el Perú no se haya desarrollado. Aseveración no solo falsa sino no creíble, pues casi todos los ciudadanos saben que el capítulo económico de ella -del que se quejan los “rojos” de todos los pelajes- es el que puso el cimiento de lo que hemos logrado como país, al fijar garantías para la inversión.

    En efecto, se establece que la iniciativa privada es libre y se ejerce dentro de la economía social de mercado (aporte de los social cristianos). Señala como tarea estatal el desarrollo del país y su actuación en la promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.

    Adicionalmente estimula la creación de riqueza, la libertad de trabajo, de empresa, de comercio e industria, a la vez que define que la producción de bienes y servicios como el comercio exterior son libres, destacándose la libertad de contratación y la no modificación
    de lo pactado por norma legal. Garantiza la tenencia y disposición de moneda extranjera.

    También se reconoce en la constitución el pluralismo económico, permitiendo la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa, estipulando el rol subsidiario del Estado, siendo la actividad empresarial, pública y privada, sujeta al mismo tratamiento,
    igualdad también aplicable a la inversión nacional y extranjera, aunque vigilando la libre competencia y combatiendo prácticas abusivas de concentración económica.

    Qué más comprobación se requiere para reconocer que las reglas mencionadas, han contribuido eficientemente a la confianza en la estabilidad del país y sus reglas económicas, que han generado que los inversionistas pongan sus capitales generadores de fuentes laborales en nuestro país.

    El modelo económico de nuestra actual Constitución ha contribuido al desarrollo obtenido, con esfuerzo, empeño y dedicación y, no estamos dispuestos a que se deje de lado.  No me cansaré de precisar que para que exista bienestar y elevación de niveles de vida, se requiere que haya trabajo digno y adecuadamente remunerado, y para ello tiene que
    haber necesariamente inversión privada.  Esta inversión se da, si las reglas de juego son estables, es decir, no cambiantes, con predictibilidad tributaria y con tranquilidad interior.

    No dejemos que destrocen nuestro país, bajo pretexto de cambio constitucional.

    Por: Antero Flores-Araoz / En anterior artículo titulado “Contrabando Constitucional”, formulamos nuestra crítica al intento de algunos parlamentarios antauristas de cambiar nuestra Constitución.  Como sabemos, lo que fuera un partido político serio, fundado por Javier Pérez de Cuéllar, mutó a ser vientre de alquiler de personas antisistema que quieren destruir lo que con tanto esfuerzo logró nuestra patria durante los casi 30 años de vigencia de la Constitución de 1993.

    Aupados en Unión por el Perú (UPP) han presentado un proyecto tan absurdo, con el que pretenden que el Perú en el transcurso de un año sea regido por tres constituciones, como cuestionó con razón quien fuera alcalde de Lima, presidente del Consejo de Ministros y varias veces parlamentario: Jorge Del Castillo Gálvez.

    Los autores del despropósito alegaban que la actual Constitución era la causante que el Perú no se haya desarrollado. Aseveración no solo falsa sino no creíble, pues casi todos los ciudadanos saben que el capítulo económico de ella -del que se quejan los “rojos” de todos los pelajes- es el que puso el cimiento de lo que hemos logrado como país, al fijar garantías para la inversión.

    En efecto, se establece que la iniciativa privada es libre y se ejerce dentro de la economía social de mercado (aporte de los social cristianos). Señala como tarea estatal el desarrollo del país y su actuación en la promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.

    Adicionalmente estimula la creación de riqueza, la libertad de trabajo, de empresa, de comercio e industria, a la vez que define que la producción de bienes y servicios como el comercio exterior son libres, destacándose la libertad de contratación y la no modificación
    de lo pactado por norma legal. Garantiza la tenencia y disposición de moneda extranjera.

    También se reconoce en la constitución el pluralismo económico, permitiendo la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa, estipulando el rol subsidiario del Estado, siendo la actividad empresarial, pública y privada, sujeta al mismo tratamiento,
    igualdad también aplicable a la inversión nacional y extranjera, aunque vigilando la libre competencia y combatiendo prácticas abusivas de concentración económica.

    Qué más comprobación se requiere para reconocer que las reglas mencionadas, han contribuido eficientemente a la confianza en la estabilidad del país y sus reglas económicas, que han generado que los inversionistas pongan sus capitales generadores de fuentes laborales en nuestro país.

    El modelo económico de nuestra actual Constitución ha contribuido al desarrollo obtenido, con esfuerzo, empeño y dedicación y, no estamos dispuestos a que se deje de lado.  No me cansaré de precisar que para que exista bienestar y elevación de niveles de vida, se requiere que haya trabajo digno y adecuadamente remunerado, y para ello tiene que
    haber necesariamente inversión privada.  Esta inversión se da, si las reglas de juego son estables, es decir, no cambiantes, con predictibilidad tributaria y con tranquilidad interior.

    No dejemos que destrocen nuestro país, bajo pretexto de cambio constitucional.

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