A raíz de la alerta lanzada hace unos días, en una importante radio local, por quien fuera Ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla Rubio, respecto a haberse triplicado el presupuesto del Congreso de la República en los últimos diez años, me propuse escribir esta columna en que abundo en datos sobre todo ello.
Es que no se trata de cualquier titular del MEF, sino de un gran profesional de la Economía y de las Finanzas, que desempeñó el cargo ministerial con gran competencia y acierto.
La verdad es que no solo se ha triplicado el presupuesto congresal en la última década, sino sobre todo ha crecido vertiginosamente el gasto corriente, especialmente en remuneraciones al personal y en aumento de la planilla del Parlamento, en los diferentes regímenes laborales con los cuales cuenta.
El crecimiento de la planilla parlamentaria solo se justifica y parcialmente, a partir del Congreso elegido en el año 2011, pues pasaron los congresistas de ser 120 a 130 en virtud del mandato constitucional ordenado por la Ley N° 29402, lo que conlleva también la contratación de personal temporal para diez nuevos parlamentarios.
El Congreso tiene el personal estable que requiere el servicio parlamentario, pero adicionalmente cada congresista, contrata como personal de confianza, al que lo asiste en su respectivo despacho. Ni para el personal estable del servicio parlamentario, como tampoco para los despachos congresales, hay libertad absoluta de contratación, pues para todo ello hay reglas y perfiles que deben cumplirse.
Como vemos la vorágine observada en la contratación de personal para el Congreso, no se debe a falta de normatividad, sino al incumplimiento de ella, gracias a que la Contraloría General de la República, tratándose del Parlamento, padece de creciente miopía.
En los últimos tiempos se ha ido aumentando el número del personal de cada despacho parlamentario y lo peor, sin reunir los requisitos para ello, puesto que en infinidad de casos se lleva personal de confianza por amiguismo o para pagar servicios en campaña, pero sin cumplir con los requisitos y perfiles como hemos señalado.
En las diferentes comisiones dictaminadoras del Congreso, debe existir personal permanente y especializado en las materias a cargo de cada comisión. Sin embargo, en muchas comisiones se nota que cuando cambia su presidente, el nuevo se arroga una atribución que no le compete, sustituyendo al personal supuestamente estable por otro, lo que se repite de año en año, situación de por si grave, pues se rompe el criterio de especialidad.
En las comisiones de investigación el tema es más grave, pues sin acreditar avances en el encargo, se mantienen vigentes comisiones que están en “la luna de Paita y en el sol de Colán”.
Ya es hora que se ponga fin a esta farra dispendiosa de enorme e innecesario presupuesto que se asigna el Congreso, en que parlamentarios que quieren ser “gratos” con el personal congresal, inventan todo tipo de conceptos para entregar bonos y otros beneficios, que en la generalidad de los casos son innecesarios.
