A través de los medios de prensa nos enteramos, de algunas invasiones de predios del Estado, por empleo de terrenos eriazos, como el denominado “Lomo de Corvina” en la zona sur de nuestra capital, con el propósito de los invasores de tener un techo, así sea muy precario en sus inicios, pues es sabido que originalmente levantan viviendas con esteras.
Sin referirnos por ahora a los traficantes de terrenos que organizan invasiones con ánimo lucrativo, mencionaremos que la mayoría de quienes se prestan a invadir terrenos ajenos, lo hacen urgidos por la falta de techo.
Si bien hay programas habitacionales promovidos por el Estado como por ejemplo “Techo Propio” entre otros, hay millones de personas que no están en aptitud económica de acceder a ellos, sea porque carecen de todo recurso, sean porque están desempleados, sea porque la pandemia que afrontamos les ha hecho estragos.
Sin embargo, hay forma de evitar las invasiones, para lo cual es necesario que entre el Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Bienes Estatales (SBN) y los municipios de las ciudades más importantes, celebren uniones estratégicas, mediante las cuales se cede por la primera de los nombrados a los segundos, terrenos eriazos para que puedan ejecutar programas habitacionales.
No habría recursos suficientes para urbanizar y construir las viviendas de golpe, porque además tampoco podrían los beneficiarios de los programas solventar las correspondientes cuotas, por más que fuesen subsidiadas y por más que sean reducidas.
Teniendo en cuenta lo dicho, la solución tiene que ser progresiva y para lo cual los municipios a los que se adjudiquen los terrenos eriazos tendrían que hacer el trazado técnico de las urbanizaciones, con la identificación de los lotes, el diseño de las calles, la reserva para parques, jardines, áreas de recreo, áreas para servicios comunales, policiales, de serenazgo y religiosos, entre otros.
Los lotes serían entregados a quienes los requieran, que no tengan vivienda propia, que estén en imposibilidad de tenerla y que residan en la misma zona, con el compromiso de solventar la parte proporcional de las obras de habilitación urbana, como son luz, agua, desagüe, pistas y veredas en forma progresiva, así como levantar sus viviendas, primero precarias y luego consolidadas, bajo los planos tipo que ponga a su disposición el municipio.
Lógicamente, las licencias de edificación tendrían que ser automáticas y sin costo para el adjudicatario del lote, a fin de evitar el martirio que significa los trámites interminables que sufren los vecinos en los municipios de su jurisdicción.
La Constitución dispone como de competencia municipal “planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial”. Por lo demás la Ley Orgánica de Municipalidades otorga a los municipios la facultad de “diseñar y promover la ejecución de programas municipales de vivienda para las familias de bajos recursos”
Como vemos el marco legal básico existe, ahora es necesario que las autoridades municipales pongan manos a la obra, pero YA.
