Por lo general la actividad del ejercicio de la Presidencia de la República, por quien presidiera el Congreso en la oportunidad de la vacancia presidencial de Dina Boluarte, esto es José Jerí Oré, viene siendo calificada positivamente, pues por lo general los ciudadanos ven un primer mandatario preocupado de los asuntos públicos, con buena actitud para buscar correctivos y dando cara a la prensa para informar sus actividades, que francamente agotarían a cualquiera.

Entre dichas actividades, el Presidente Jerí convocó en Palacio de Gobierno a miembros del Ministerio de Economía y Finanzas, a integrantes del Consejo Fiscal, a reputados economistas y personas vinculadas con las finanzas públicas y la ejecución del Presupuesto General de la República.

La convocatoria a tal reunión, casi con seguridad se debió a las reiteradas alertas del Consejo Fiscal, de la farra en el gasto público, que venía disponiendo el Parlamento Nacional, no solo al aprobar la Ley de Presupuesto para 2026, balanceada solo en el papel pero no en la realidad, sino para el jolgorio en gastos sin recursos para ello, como son aumentos de pensiones, creación de universidades sin ni son, pero sin embargo manteniendo a la Policía Nacional, que debe mantener, o de ser el caso, recuperar el orden público, en una anemia de recursos que le impiden incluso poner sus supuestas actividades de inteligencia, en un aceptable nivel operativo y de resultados positivos.

El Presidente Jerí ha recibido información económica de gran valor y que seguramente justifica su preocupación, pues como afirma antiguo dicho “una cosa es con guitarra y otra con cajón”.

Cuando se está en el Parlamento, pero no en el Ejecutivo, es muy fácil caer en la tentación del aumento del gasto público sin el correlato de los ingresos, pues no tienen los parlamentarios la responsabilidad de generar los ingresos.  Cuando , como en el caso de José Jerí, se pasa del Congreso al Gobierno Central, la realidad y responsabilidades son distintas, pues tiene que buscar los ingresos o recursos para solventar los gastos.

La verdad es que el Poder Ejecutivo tiene mecanismos para evitar la “generosidad” parlamentaria con dinero ajeno. Por ejemplo, tiene que solicitar opinión al Sector Economía y Finanzas para determinaciones normativas que impliquen aspectos tributarios y/o económicos (artículo 79 de la Constitución y Ley 26642).

También los ministros de Estado pueden concurrir a los debates de las leyes en que los parlamentarios infringen la prohibición de iniciativa de gasto, pero probablemente es mejor no incordiarse con los congresistas.

Igualmente, el presidente de la República puede observar leyes en que no se respete el balance de ingresos y egresos presupuestales, pudiendo los ministros participar en las comisiones parlamentarias y pleno congresal, en que se estudie la insistencia o no de la aprobación normativa.

Si las normas aprobadas inicialmente o por insistencia, infringen disposiciones constitucionales como el balance presupuestal y la no iniciativa parlamentaria en la generación de gasto, nada impide al gobierno central interponer acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

El cerrar la boca por parte del Ejecutivo, en los excesos parlamentarios de gasto, no le hace nada bien al país, pues así el Congreso hace abuso de sus prerrogativas sin acciones en contrario, y como hemos visto hay mecanismos constitucionales que le permiten al Ejecutivo dejar de ser complaciente y enfrentar el problema.

Se dice que el Congreso es el primer poder del Estado, pero en lo que hemos podido observar del actual Congreso, es el primer depredador de los recursos fiscales, aunque como siempre hay excepciones, pues existen algunos parlamentarios comprometidos con el país y cumplidores de sus deberes.

Los electores deben prestar mucha atención a quienes sean candidatos al Congreso y si hacen propuestas populistas y además con voracidad presupuestal, simplemente no voten por ellos.