Por: Ántero Flores-Aráoz / En el pasado siglo XX hemos tenido varios conflictos bélicos, todos ellos originados en problemas limítrofes, felizmente ya superados y, con nuestras fronteras debidamente delimitadas y reconocidas por la comunidad internacional.
Se ha combatido con Colombia en 1933 y, con Ecuador en 1941, pero reiniciándose incidentes y confrontaciones en 1978, las que se repitieron en la Cordillera del Cóndor en 1981 y en el Alto Cenepa en 1995.
Nuestros valientes combatientes fueron reconocidos como “Defensores Calificados de la Patria”, recibiendo el agradecimiento del Perú, sea a través de homenajes, diplomas, condecoraciones y otras preseas y distinciones.
En adición a los pergaminos y laureles a que antes nos hemos referido, a nuestros Defensores Calificados de la Patria, se les ha otorgado algunas asignaciones económicas, sea bajo la denominación de bonificaciones, pensiones y otras similares, todas ellas muy justas, más si se tiene en cuenta que la mayoría de tales combatientes, que eran tropa originaria en el servicio militar, en ese entonces obligatorio, no tienen otros ingresos.
Lo cierto es que, bajo interpretaciones jaladas de los pelos, de algunas normas legales con las que se ha tratado de racionalizar la contratación de servidores públicos y las remuneraciones o retribuciones económicas de todos ellos, se les han reducido, cuando no quitado, los beneficios económicos a que nos referimos. Incluso, se han dejado sin efecto nivelaciones e indexaciones que, por lo menos hacían que sus reconocimientos económicos de carácter muy especial, pudieran consignar aumentos con cierta periodicidad, como existen para las pensiones de jubilación y cesantía.
Por las reglas de la vida, cada año son menos los que reciben las bonificaciones y pensiones a que nos referimos, siendo injusto para muchos de ellos, que en los últimos años de su existencia y siendo destacadísimos defensores de la patria, se les maltrate haciéndolos padecer angustias económicas.
A los héroes, si bien son merecedores de todo honor y toda gloria, son también seres humanos que requieren solventar sus necesidades más apremiantes, no debiendo el Estado ser mezquino con ellos, máxime que la gran mayoría carece de otros ingresos.
Las compensaciones económicas para nuestros héroes no deben, de ningún modo, ser consideradas como una carga presupuestal, sino como una inversión moral, que eleve nuestro compromiso con la patria que nos vio nacer y a la que tanto le debemos.
Sería pertinente que, desde el Poder Ejecutivo, nazca la propuesta al Congreso para establecer la intangibilidad de los beneficios pecuniarios a los que nos hemos referido e, igualmente, cuando los efetos económicos de la pandemia se hayan superado, reintegrarles todo lo adeudado, por los injustos e irrazonables recortes que sufrieron las pensiones, bonificaciones y asignaciones a los “Defensores Calificados de la Patria”.
Como colofón, sugerimos a los municipios, que cuando pongan nombre a calles y avenidas, en lugar de utilizar denominaciones irrelevantes, algunas hasta artificiales, demuestren el cariño a nuestros referidos héroes, colocándoseles sus nombres.
