Se acaba de publicar oficialmente, la ley que modifica parcialmente nuestra Constitución, agregando a la relación de los derechos esenciales de las personas, el uso de las tecnologías de la información y comunicación en todo el país, que el Estado promueve.
Por añadidura la misma Ley 31878 incorpora a la Constitución la garantía del Estado, a través de la inversión pública como privada, el acceso a Internet libre en todo el territorio nacional, con especial énfasis en las zonas rurales, comunidades campesinas y nativas.
Evidentemente la nueva norma es ambiciosa, aunque está reconociendo que el acceso de las personas a la tecnología digital es importantísimo y el Estado debe promoverlo y garantizarlo.
Sin embargo y sin ánimo de ser aguafiestas, la norma recién dictada, solo es el cimiento sobre el cual hay que construir el edificio normativo y fáctico que lo haga posible, pues es muy lindo decir todos tienen derecho al acceso libre a Internet, sobre todo en zonas rurales y comunidades, pero ello implica que en todo el territorio nacional debe haber energía, y sabemos que aún no la hay, además de que el uso de Internet requiere el pago del servicio, pues como decía el ministro de Economía y Finanzas Carlos Boloña, “no hay lonche gratis”, por lo cual tienen que asignarse en el Presupuesto General de la República, los recursos para todo ello, incluso para las computadoras de las Escuelas del Estado, pues sin ellas el derecho al Internet libre seguirá siendo un anhelo pero no una realidad.
Si bien ya tenemos la norma básica, ahora se requiere su desarrollo y hacerla realidad, ya que hasta ahora como dice viejo aforismo: “del dicho al hecho hay mucho trecho”.
Algo que de una vez tiene que hacerse, es la incorporación de los vocablos digitales a idiomas nativos como el quechua y el aimara, pues de otro modo los parlantes que solo hablan cualquiera de ellos, estarán fuera del mundo digital, esto es quedarán fuera de toda posibilidad de mejoría y desarrollo, lo que por supuesto atenta contra la igualdad de derechos que también dispone nuestra Constitución.
En el Ministerio de Educación siguen y siguen muchos de sus funcionarios calentando asiento, pero sin hacer lo que corresponde para el acceso de los quechua o aimara hablantes al mundo digital, lo cual atenta con las expectativas de ascenso social y económico de nuestros hermanos del interior del país. Esto podría llevar a pensar que se quiere continuar con la nefasta tarea de no hacer sus tareas y contratar consultorías, que muchas veces solo sirven para pagar favores o engrosar bolsillos de terceras personas.
La nueva disposición constitucional que comentada, tiene que llevarse a la práctica y no quedar como otras normas internas y tratados internacionales que son buenos deseos, aunque imposibles de cumplir. Recordemos sino el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos o el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en que palabras más o palabras menos propenden a que todos vivamos como “Alicia en el País de las Maravillas” al establecer el derecho de toda persona a “un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de los medios de subsistencia …”
