Muchas veces las autoridades que emiten normas legales, desde el Congreso de la República, pasando por el Poder Ejecutivo, los Gobiernos Regionales y los Municipales, actúan con la mejor de las intenciones y bajo criterios de buscar el bien común y la elevación de la calidad de vida de la población. Sin embargo, no basta la buena intención, debe investigarse y estudiarse, si lo que se propone es factible o viable, si se puede ejecutar, si hay recursos para ello o si lo habrá en el futuro.
Dice un antiquísimo refrán que el infierno está empedrado de buenas intenciones y, cuando las intenciones colisionan con la triste realidad, los administrados que son los que componen la población, se sentirán no solamente frustrados sino también engañados y eso es lo peor que les puede suceder a los gobernantes y legisladores, pues no solo pierden el favor popular sino también la legitimidad para actuar.
Ejemplos de legislar o normar con buenas intenciones, pero colisionando con la realidad existen montones, aunque en esta breve columna nos referiremos solo a dos.
En el año 2011 el Congreso aprobó la Ley 29719, mediante la cual y bajo la sana intención de luchar contra la violencia, acoso y bullying en los establecimientos educativos, dispuso que en las escuelas y colegios, tanto públicos como privados, existieran psicólogos. Unos genios bien intencionados y con gran emoción social, pero poco realistas pues según cifras del Colegio de Psicólogos contamos con algo más de 52000 profesionales de tal especialidad, pero solo las escuelas públicas, sin contar a las privadas como tampoco a academias e institutos superiores, son más de 65,000. Como tenemos escuela pública hasta el último confín de la patria, tampoco se estudió la posibilidad de que los psicólogos con ejercicio profesional citadino pudiesen ir las localidades alejadas de las grandes urbes o a las zonas rurales.
En junio del presente año 2023, el Congreso sancionó la Ley 31782 que promulgó raudamente la Presidenta de la República, mediante la cual se modifica la normativa sobre el “Programa del Vaso de Leche”, disponiéndose que en cada municipalidad, sea provincial o distrital, exista un Comité de Administración de tal Programa, en el cual uno de sus integrantes será un nutricionista representante del Ministerio de Salud.
Nuevamente la mejor de las intenciones colisiona con la triste realidad, pues tenemos más de dos mil municipios, para ser precisos 196 provinciales y 1845 distritales, pero solamente tenemos a nivel nacional alrededor de 9000 profesionales de la nutrición, que siendo principalmente citadinos y exitosos, no están dispuestos a radicarse en provincias y distritos alejados para prestar sus servicios en la organización del vaso de leche. En adición los nutricionistas del MINSA o están en funciones administrativas o sirven en los diferentes hospitales estatales del país.
Como vemos no bastan las buenas intenciones, para legislar se requiere investigar la realidad, proyectarse hacia el futuro y saber los costos presupuestales que tendrán las imaginativas proposiciones normativas.
