No soy ni pretendo ser el “ángel guardián” de nuestra Policía, como tampoco considero ser monotemático por insistir constantemente con la necesidad de respetar a la Policía Nacional del Perú y a sus integrantes, que como dispone la Constitución tienen la responsabilidad de mantener el orden público, así como recuperarlo en caso necesario.
Se preguntarán los apreciados lectores ¿A qué viene lo señalado?, pues muy sencillo, a la indignación ciudadana -que comparto- por el maltrato a la institución policial y a quien hace pocos días fue separado del cargo de Comandante General de la Policía.
No voy a engolosinarme con citas legales ni mucho menos, por l a deformación de mi profesión abogadil, como tampoco adormecerlos con ellas, pero si decir, que más allá de si se actuó legalmente o no al sustituir al Comandante General de nuestra Policía, en todo caso debió hacerse respetando las formas, sin agraviar ni afectar el prestigio y buen nombre del Teniente General PNP a quien pasaron al retiro.
A nuestro juicio se ha vuelto a perpetrar un nuevo atentado abusivo contra nuestra Policía, reincidiéndose en lo que ya sucedió en el gobierno del pañuelito, que la descabezó.
Siempre y desde niños hemos sabido la importancia de fondo y forma y que ellas tienen que estar unidas. Si bien bajo determinadas motivaciones quien ejerce la Presidencia de la República, puede interrumpir el mandato de los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, debe hacerse cuidado de las formalidades y de no afectar el honor de las personas, que si llegaron a tan elevados rangos y cargos, no lo fue por azar del destino, sino por haber estudiado largos años para ser oficiales, haber ido ascendiendo paulatinamente los diversos grados del escalafón, haber llevado constante y exitosamente diversidad de cursos de especialización, haber tenido otras responsabilidades profesionales con acierto, haber servido tanto en la capital de la República como en provincias y, no seguimos para no cansarlos.
No sé si la jalada de pelos a la señora presidenta de la República en Ayacucho, sea la causa de remoción del alto oficial o mero pretexto, pero por los cerca de cuarenta años de ejercicio policial, por lo menos debió recibir las gracias y en cuanto a la definición de causales, bien se pudo poner las normas sin determinar lo que señalan, que afecta al honor y reputación de alguien que ha dado gran parte de su vida al servicio del Perú.
Por otro lado, el crecimiento de la delincuencia no se ha producido solo durante el mandato de quien fuera Comandante General de la Policía, sino que viene agravándose desde hace bastante tiempo, y no puede solucionarse de la noche a la mañana.
Por otro lado, hay un enojoso ida y vuelta y cambios entre quienes tienen las responsabilidades de la protección y seguridad de la presidenta de la República, en que hay que preguntarse ¿Y quien la tiene? Cuya respuesta parecería ser el “gran bonetón”. En esto de las responsabilidades de la protección, desde hacen décadas hay manoseo, sino recuerden a Avi Dan On, en el gobierno de Toledo.
A lo señalado hay que agregar que los viajes presidenciales requieren preparación y medidas de seguridad, así como evaluación social y política y que estar de Mamá Noela con caramelitos, ante una población enojada y descontenta, puede abrir una caja de Pandora negativa.
