Por: Antero Flores Araoz / Todos sabemos, salvo los rojos y la caviarada, que, para la elevación del nivel de vida de las personas, así como el empleo digno y suficiente, se requiere de la inversión que genere puestos de trabajo.
También conocemos que la conflictividad social, la inestabilidad de las reglas de juego, los frecuentes cambios tributarios y la indolencia de la burocracia gubernamental, son los grandes enemigos de la inversión.
Reconocemos, que en varias oportunidades se ha pretendido revertir la situación e incluso, atacado a esos alevosos enemigos. Frente a la conflictividad social, se ha buscado diálogo, pero sin contar con buenos facilitadores para él. Para lograr la estabilidad de las reglas de juego, muchas veces se ha invocado al Congreso no legislar por gusto y menos con normas populacheras. Para la predictibilidad tributaria no ha habido mucha suerte, pues cuando la SUNAT entiende que algo no es evasión, tratará de transformarlo en elusión.
Pero lo más grave es la indolencia de los funcionarios públicos, que cual aquelarre, inventan y reinventan más trámites, más sellos, más pases de expedientes, más autorizaciones, licencias y permisos, haciendo la vida imposible a los inversores, hasta que simplemente por cansancio, se van a otros lugares del planeta, en que están ávidos de la inversión y otorgan todas las facilidades para ello.
En las altas esferas gubernamentales, hay conciencia de lo señalado y, se han intentado algunas soluciones, pero lamentablemente sin el seguimiento que hiciere alcanzar el éxito. Por ejemplo, hace algunos años, se intentó en la PCM abrir una plataforma de sugerencias y quejas: en otro momento se dispuso la reelaboración de los TUPA para reducir trámites. Lamentablemente solo hubo correcciones adjetivas y nada relevantes.
En otra oportunidad se creó en el Sector Economía y Finanzas, una oficina -supuestamente especializada- para recibir quejas por maltrato burocrático en los trámites para inversiones, con muy buen propósito, pero con magros resultados.
En el Sector Energía y Minas también se hizo algo similar a lo expuesto en el párrafo anterior, pero los altos funcionarios -quizás en estatura física- no dieron talla de gentes de Estado, siendo los resultados igualmente frustrantes.
La cada vez más creciente burocracia, que para ser imprescindible inventa trámites y requisitos innecesarios y, promueve la creación de más y más entidades públicas, oficinas adscritas, núcleos ejecutores, comisiones, programas y cuanto se le puede ocurrir a sus afiebradas mentes, hay que ponerle de inmediato freno y, considero que no hay mejor momento para ello que el actual, en que necesitamos reactivar -si o si- la economía y el aparato productivo del país.
Para ello es indispensable que se empodere a representantes del sector privado, que puedan recibir las quejas, analicen la situación y gestionen con los ministros las soluciones del caso y con plazos perentorios, debiendo contar con el auspicio y apoyo del Presidente del Consejo de Ministros que conoce su oficio. No se trata de más “zares” que nunca tuvieron éxito, sino personas del sector privado, quizás retiradas de los negocios, pero con mística de servicio a favor del país.
