Durante varios lustros hemos estado muy contentos y satisfechos de nuestras fortalezas económico-financieras como país, de nuestro crecimiento y desarrollo, así como del aumento de los guarismos relacionados con nuestra estabilidad económica y macroeconómica.

Evidentemente mucho de lo señalado tienen motivaciones concurrentes.  La primera son los lineamientos que contiene el capítulo económico de nuestra Constitución de 1993.  La segunda es la eficiente gestión de algunos gobiernos que se han sucedido hace algunos años, como el de Alan García II, que pese a la grave crisis internacional mostró cifras muy relevantes. La tercera y como consecuencia de las otras dos, la confianza en el Perú de los inversionistas internacionales y nacionales que derivaron en poner sus capitales de riesgo en nuestra patria.

El primero de los hechos descritos merece una explicación, pues el capítulo económico constitucional otorga diversidad de garantías para que los inversionistas se sientan seguros, como es que la iniciativa privada es libre, se ejerce dentro de la economía social de mercado, hay libertad de empresa, comercio e industria. Además, el Estado reconoce el pluralismo económico y promueve las pequeñas empresas, pero al mismo tiempo se reconoce la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. La actividad empresarial del Estado es subsidiaria y solo por ley expresa el Estado puede realizarla. La actividad empresarial pública como la privada, reciben el mismo tratamiento legal. No se pueden establecer por norma los monopolios. La libertad de contratar y los contratos-ley, en adición a la igualdad de tratamiento de la inversión nacional y de la extranjera, sin olvidar la libertad del comercio internacional. El Estado garantiza la tenencia y disposición de moneda extranjera y sobre todo defiende el interés de los usuarios y consumidores.

Pese a todo lo expuesto hemos podido observar en las elecciones de los años 2021 y 2026, un fuerte componente de votación hacia candidatos de la esfera ideológica socialista, comunista, roja, super roja, rosadita como también caviar, que denostan de la inversión privada y que tienden a un igualitarismo descendente que impulsa el crecimiento de la pobreza, pero también de la riqueza, aunque esto último solo para los padrastros gubernamentales como sucedió en Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela.

El crecimiento, desarrollo y mejoría del país, lamentablemente no llegó a toda su población y, la reducción de la pobreza, lamentablemente no fue generalizada, existiendo una buena porción de nuestra población que aún la padece, que carece de agua potable como de disposición de aguas servidas, cuyas viviendas sufren de gran precariedad, que su alimentación no es suficiente, cuyas remuneraciones son diminutas, en que la educación de sus hijos deja mucho que desear y en que el transporte público que utiliza muchas veces es una calamidad, además de caro y con rutas interminables que hasta a los estudiantes de primaria los hace perder por lko menos cuatro horas al día en el transporte hacia sus centros de estudio.

En muchos países la situación que acabamos de exponer ha llevado a la violencia y violencia extrema.  En nuestra patria el enojo y la protesta se ha materializado con votar contra el sistema que es una esperanza de mejoría y a favor de la propuesta de izquierda que es una garantía de retroceso.

Ante lo que acabamos de señalar, tenemos que abrir los ojos a fin de que exista un mejor reparto de la riqueza, que ella les llegue a todos y a todas las circunscripciones territoriales, sobre todo de aquellas de donde proviene nuestra riqueza minera y energética.

Para lo último indicado necesitamos enfrentar la corrupción, ayudar a la inversión con la simplificación de trámites, pero también con el manejo conveniente de las finanzas públicas evitando todo populismo que es francamente nocivo. ¡A trabajar se ha dicho!