Nuevamente la delincuencia asesina y destructora, ingresó en las instalaciones de la mina “La Poderosa” en el departamento de La Libertad, cegando la vida de otro trabajador y destruyendo instalaciones del emprendimiento minero, de peruanos y conducido por peruanos desde hacen varias décadas.
Lo primero que uno se pregunta es ¿Dónde está el Estado y que ha hecho para que ello no suceda? La pregunta es válida si se tiene en cuenta que trabajadores de ésa misma minera y sus instalaciones, en los últimos meses han sido objeto de varios atentados.
El Estado tiene el deber de resguardar el orden público, velar por la vida e integridad de las personas, mantener un ambiente de paz, proteger los bienes públicos como privados y tantas otras obligaciones similares. Sin embargo, no se ve que el Estado este cumpliendo con tales importantes funciones, cuando en el mismo emprendimiento minero ocurren tantos atentados.
Se podría entender que en el primer atentado hubo sorpresa que impidió la acción estatal, pero cuando ya se repiten los hechos delincuenciales y en la misma empresa minera, el tema es sumamente grave y acredita que estamos en “tierra de nadie”, sin autoridad o con autoridades que están pintadas en la pared, sea porque no hacen lo debido o se equivocan en las medidas preventivas.
Los efectos de la falta de seguridad que se advierte en los atentados mineros son sumamente graves. En primer lugar, porque se pueden cerrar centros laborales con aumento del desempleo. En segundo lugar, porque actividades importantes dejan de operar. En tercer lugar, porque si hay suspensión de actividades no se pueden reembolsar los créditos y sus intereses. En cuarto lugar, porque el Estado deja de percibir tributos, sean ellos impuestos o contribuciones, con el efecto de que se dejará de hacer más obra pública. En quinto lugar, porque al no exportarse los minerales, decrecerá la balanza comercial y la balanza de pagos e incluso se incumplirá con operaciones comerciales pactadas a futuro. En sexto lugar, porque se desmotivará al sector empresarial a ampliar sus emprendimientos o a realizar nuevos. Podríamos proseguir con la lista pero no queremos cansar al apreciado lector.
No podemos olvidar que el tema de seguridad es muy sensible y que cuando los inversores del exterior ven que en un país determinado en que podrían emprender sus actividades, no goza de seguridad, que su personal e instalaciones están en peligro, simplemente buscarán otros destinos para sus inversiones y dejarán por tiempo indefinido en pensar en el Perú.
Deberíamos también tener presente, que en innumerables ocasiones los atentados contra los establecimientos mineros están originados en la negativa de las mineras de someterse a extorsiones para entregar explosivos a los delincuentes, con los cuales se les facilita sus actividades reñidas con la ley. Ante esta situación evidentemente otros emprendimientos mineros podrían sucumbir a las amenazas.
Ya es hora que el Estado deje de hacer el “muertito” y actúe, con rapidez y efectividad.
