Las protestas, marchas y manifestaciones ocurridas en noviembre del 2020, tras la asunción de Manuel Merino a la Presidencia de la República, devinieron en actos de violencia, en que perdieron la vida dos jóvenes, resultaron heridos manifestantes y policías, y hubo grave daños en propiedad pública y privada, además de la destrucción de vehículos policiales.
Muchos manifestantes creyeron que Merino asumió el cargo sin corresponderle, pese a que se había seguido prístinamente la línea de sucesión dispuesta por la Constitución. Se dejaron instigar por agitadores políticos que propiciaban el caos y, se vieron sorprendidos por gentes de mal vivir, barras bravas y grupos delincuenciales que se infiltraron en las concentraciones con torvos propósitos. El resultado desastroso lo expusimos en el párrafo anterior.
La muy diplomada Fiscal de la Nación Ávalos, el mismo día de la renuncia de Merino a la Presidencia, le inició investigación, al igual que a dos de sus ministros, por los hechos de sangre ocurridos el 12 y el 14 de noviembre del 2020, asumiendo que dieron órdenes para repeler las protestas con uso abusivo e ilegítimo de la fuerza policial.
Como en su investigación de cerca de un año, no encontró responsabilidad de los investigados por acción, se le ocurrió iniciarles acusación constitucional ante el Congreso de la República, ya no por acción, sino por haber omitido hacer lo correcto para impedir los hechos de sangre. Olvidó que la Policía impidió otros decesos y heridos, resguardando la integridad de los manifestantes, los cuales transgredieron la Ley pues estábamos en estado de emergencia nacional, con restricción de los derechos de reunión y tránsito.
La denuncia ante el Congreso era para que, en cumplimiento de sus funciones, pudiese autorizar el enjuiciamiento de los altos funcionarios investigados, o denegarlo de considerar que las motivaciones más que jurídicas eran políticas e infundadas.
Alzaron su voz los de siempre, en sus diversas tonalidades del rojo. Dijeron que el Congreso trataba de blindar a los investigados, consiguiendo su impunidad. La verdad, ni lo uno de lo otro, pues el antejuicio no es blindaje sino protección al desempeño público de quienes son o han sido altos funcionarios del Estado y para impedir se les procese sin razón, más en un país como el nuestro en que los juicios duran una eternidad, lo que pueden corroborar los comandos Chavín de Huántar y los que hace 37 años develaron el motín del “Frontón”. No es impunidad sino impedir el atropello bajo el disfraz de acción penal.
Como tenía que ser, el Congreso rechazó la acusación fiscal y ordenó el archivamiento de los actuados, decisión que se logró con el voto de parlamentarios de las más diversas bancadas, sean de apoyo al Gobierno o de oposición al mismo.
Primó en los congresistas su inclinación por la institucionalidad, pues permitir la acción penal contra Merino y sus ministros, era abrir la puerta para que, en otros casos similares, se pudiese quebrar la gobernabilidad del país, asumiendo que por el solo hecho de ostentar cargo público hay la obligación de garantizar la vida e integridad de la población. Eso no existe.
