Durante años y años los administrados nos quejamos de las demoras en la tramitación de procedimientos administrativos, pese a que en teoría tenemos una ley que contiene disposiciones muy precisas para evitar no solo las demoras, sino también para que no te obliguen a presentar requisitos por goteo, esto es en lugar de ordenarlos “de golpe y porrazo” te lo van exigiendo por “partes y cucharadas” como señalaba antiguo dicho.

La ley a la que nos referimos es la “Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444” que contiene hasta sanciones para los funcionarios que retardan el trámite administrativo procesal, así como también para quien ordena requisitos y presentación de documentos a poquitos.

El artículo 126.2 de la citada norma establece que “Las entidades de la Administración Pública se encuentran obligadas a realizar una revisión integral del cumplimiento de todos los requisitos de las solicitudes que presentan los administrados y, en una sola oportunidad, formular todas las observaciones que correspondan. Sin perjuicio de lo señalado … la entidad mantiene la facultad de requerir única y exclusivamente la subsanación de aquellos requisitos que no hayan sido subsanados por el administrado o cuya subsanación no resulte satisfactoria … En ningún caso la entidad podrá realizar nuevas observaciones invocando la facultad señalada …”

Como repetimos es sancionable el incumplimiento de la norma aludida por los funcionarios, como también lo es la demora injustificada.  Sin embargo, por amiguismo muchas veces no se imponen sanciones y el administrado tampoco lo exige pues no quiere toparse de nuevo con el funcionario infractor y recibir de él, actitudes de represalia.

Muchas de las demoras también se originan en el exceso de personal, que al no tener prácticamente nada o poco que hacer, van agregando a los expedientes nuevas etapas, nuevas visados, nuevos informes y variadísimos requisitos que no están en la norma.

Recordemos que cuando se inicio el proceso de la Regionalización, se transfirieron a las regiones desde el Gobierno Nacional, atribuciones, facultades y recursos, más no personal, con lo cual las regiones tuvieron que contratar nuevo personal y al que quedó en Lima con asignación de tareas improductivas, repetitivas o innecesarias, que lo único que lograron fue complicarnos la vida a los administrados.

El tema se agrava aún más con la contratación de más y más personal en todo el país que, al revisar el diario oficial “El Peruano”, parecería haberse convertido en una agencia de empleos por la inmensidad de contrataciones y creación de reparticiones públicas que duplican las funciones de otras ya preexistentes.

Quizás si la Contraloría se avoque a revisar en las entidades públicas los expedientes en giro, a fin de ubicar demoras y también el “goteo” en la exigencia de presentación de requisitos y documentos, ello obligaría a los llamados a imponer sanciones por incumplimientos a hacerlo y, bien podría ello mejorar la situación existente.  ¡Es cuestión de probar!