Ni por un segundo se les ocurra que en el Parlamento Andino han acordado hacer sus sesiones y deliberaciones en los idiomas quechua y aimara, lo que pasa es que el citado Parlamento se ha preocupado del tema de las lenguas autóctonas, lo que para muchas personas ha sido novedoso pues hay la idea que en tal Parlamento poco se hace, dado de que entre sus facultades y atribuciones no existe la de dar normas de obligatorio cumplimiento en los países que hoy integran la Comunidad Andina, como son Bolivia, Chile, Colombia y Perú.
Como se recordará, hace varias décadas se suscribió el llamado Acuerdo de Cartagena y, tiempo después, se creó el Parlamento Andino que, si bien no tiene función legisladora, bien puede proponer a los países miembros legislación tipo, en materias relevantes, que cada uno de los países citados en el párrafo anterior, podrían incorporar en su legislación nacional.
Como quiera que el Parlamento Andino, de conformidad con su Tratado Constitutivo, tiene entre sus funciones la de “promover la participación de los pueblos como actores del proceso de integración andina” así como “fomentar el desarrollo e integración de la comunidad latinoamericana”, ha propuesto en su óptica de sugerir normatividad tipo para los antes citados países, que sus procesos pedagógicos respeten a las lenguas originarias, entre las cuales indiscutiblemente se encuentran el quechua y el aimara, la primera que se habla en casi todos los países de Sudamérica y la segunda principalmente en Bolivia y en el sur del Perú. Todo ello expresado en la Recomendación 518 del mencionado Parlamento regional.
En las consideraciones que preceden a la Recomendación del Parlamento Andino, se encuentra el hecho de que las lenguas nativas siguen siendo usadas, pero que al no contener terminología tecnológica y digital, los hablantes solo en lenguas aborígenes estarán retrasados respecto al resto de la población de los países andinos, lo que es muy grave y debe ser rectificado, haciendo alusión que ya en el Perú existen pronunciamientos oficiales y proyectos de normas que podrían ayudar a la incorporación de los vocablos que hoy son indispensables para el desarrollo de nuestros pueblos. Si el Perú ya tiene la idea clara, simplemente sea en el Congreso de la República del Perú o en el Ministerio de Educación, se podrán dictar las disposiciones legales que hagan realidad el viejo anhelo de los parlantes quechuas y aimaras, que claman por estar en igualdad de oportunidades que los demás mortales.
Como vemos ya es hora que se ponga acción en el Perú, pues ya pasamos la etapa de los informes y ahora se requieren decisiones, más si nuestra Constitución proscribe la discriminación por lenguaje, ordena el uso de la lengua nativa por quienes la hablan, además de que el quechua y el aimara, en nuestra patria, son idiomas oficiales, en que los hablantes en tales lenguas pueden exigir su uso en actuaciones oficiales su uso.
El Parlamento Andino se ha pronunciado, pero el Nacional y el Ministerio de Educación guardan silencio ¿Hasta cuándo?
