Es verdad de Perogrullo que con los impuestos que pagamos los contribuyentes, se solventan los gastos del Estado relacionados con la seguridad y tranquilidad interna, lucha contra la criminalidad, seguridad y defensa externa, salud, educación, administración de justicia, servicio exterior, obras de infraestructura y la crecida injustificadamente burocracia estatal, entre tantos otros conceptos.
Por mucho tiempo estuvimos acostumbrados a centralizar la percepción de los impuestos desde la capital de la República y, también, asignar los recursos centralizadamente, lo que originó que, desde los distritos, provincias y departamentos, de los cuales se extraían los recursos naturales, protestasen por tan injusta situación.
La respuesta del Gobierno Central y de los contribuyentes de actividades extractivas, era que estos últimos estaban domiciliados en Lima, pero la cruda realidad era que ello es lo formal, pero que lo real es que la extracción y procesamiento de minerales, hidrocarburos, gas, pesca y recursos forestales, sin olvidar utilización del agua para generación eléctrica, se realiza fuera de la capital.
Ante la cruda realidad y atendiendo al reclamo de las localidades donde se realizan las actividades económicas extractivas y de generación de renta imponible, el Estado se vio precisado a crear el canon, esto es un porcentaje del Impuesto a la Renta y de algunos otros recursos fiscales, que se dirigirían a las localidades en cuestión, principalmente para ejecución de obras públicas.
La utilización del canon ha tenido, entre otros, dos problemas de envergadura. Uno es la mala utilización del canon por ciertas localidades como lo observamos con algunas que recibían el canon gasífero, que fue empleado más en ornato que en necesidades reales, lo que obligó a poner ciertos candados. Un penoso ejemplo fue el de lujosa piscina cuando no había siquiera servicios públicos esenciales, como suministro de agua y redes de alcantarillado.
El otro grave problema lo hemos podido corroborar, cuando algunos alcaldes de localidades del sur del país han llegado a Lima para reclamar recursos fiscales para afrontar la reconstrucción de lo afectado por huaycos e inundaciones.
Entrevistados por los medios de prensa expresaron que si bien gozan del canon y de los recursos fiscales ordinarios, lamentablemente no tienen para el sostenimiento de las obras públicas que edificaron con el canon, como son escuelas, postas y otros establecimientos de salud.
En buen romance dijeron que de poco sirve hacer obra pública con el canon, como son escuelas y postas, si es que sus recursos ordinarios no son suficientes para contratar profesores, médicos y enfermeras, así como tampoco adquirir material escolar, equipos médicos y especialidades farmacéuticas.
Lo antes señalado necesariamente nos debe llevar a revaluar y reestudiar la normatividad del canon y regalías, pues de poco sirve tener obra física si es que no se puede utilizar adecuadamente ni tampoco mantener. No esperemos que se produzcan otros estragos de la naturaleza para recién reaccionar, ¡Hagámoslo ya!
