En el presente año 2026, se han realizado diversas elecciones, como son las elecciones generales, las cuales corresponden a las presidenciales, parlamentarias nacionales, o sea Senado y Cámara de Diputados y Parlamento Andino, pero además se han efectuado las elecciones regionales y municipales, pero aún falta la segunda vuelta para alguna o algunas regiones.

Las elecciones generales, incluidas parlamentarias nacionales y andinas, se realizan cada cinco año, mientras que las regionales y municipales cada cuatro, por lo que en algunos años coinciden todas ellas.

Las diversas elecciones que hemos tenido nos han dejado mal sabor y nos llevan a sugerir que se hagan en el Congreso de la República algunos cambios legales, que hagan más llevaderos los procesos electorales,

La primera modificación sería que no coincidan en el mismo año todos los procesos electorales, debido a los plazos de 5 y 4 años a los que nos hemos referido.  Ello podría corregirse en el sentido de que en el año que coincidan los procesos, el municipal-regional se haga en el siguiente año, con lo cual cada x años el período regional-municipal no sería de 4 años sino de 5.

Por otro lado, para cualquier elección se proscriba grupos especiales como el 900 que, si bien constituyó lamentable error en las pasadas elecciones del mes de abril, originó que algunos grupos políticos hablen de fraude, confundiendo impericia o error con acción fraudulenta.

En la primera vuelta de las elecciones generales del presente año, hubo negligencia en el envío del material electoral, lo que tiene que llevar normativamente a buscar supervisión eficiente.

Es absolutamente entendible, que quienes cometieron delito doloso, cumplieron su condena y fueron rehabilitados, puedan regresar a realizar sus ocupaciones regulares, pero francamente es un exceso que puedan participar en altos cargos del Estado, sea por la vía eleccionaria o sea por la vía de simple designación.  Quienes tienen un amplio historial delincuencial no deberían representar al Estado.

Por otro lado, no podemos olvidar que el Estado, sea directa o indirectamente a través de la franja electoral entrega fondos del Estado a las agrupaciones políticas y a los candidatos a diferentes cargos electivos.  Hay que terminar con esta gran generosidad, que al fin de cuentas sale de los ingresos tributarios del Estado, que se forjan a base de los impuestos que pagamos los contribuyentes.  No encuentro razón valedera que aventuras políticas de terceros, sean subvencionadas con nuestros impuestos.

Lo señalado en el párrafo anterior, no significa que se otorgue libertad a agrupaciones políticas y candidatos a recibir aportes de campaña de particulares, dado que hay que impedir que dineros que pueden ser malhabidos ingresen a los flujos políticos.

También se conoce que no hay reelección inmediata, por ejemplo, para parlamentarios o para alcaldes, sin embargo, vemos como algunos se dan maña para presentarse a otros cargos que los lleve a alcaldías.

Sino hay reelección inmediata, que la norma prohibitiva sea lo suficiente clara que involucre a todas las situaciones que pudiesen presentarse, aunque lo más simple sería terminar con la prohibición, esto es que los cargos a los que nos referimos tengan la posibilidad de reelección.  No vemos motivo a que un buen alcalde no sea reelecto, lo que en buen romance sería claro y transparente.

Tenemos tiempo más que suficiente para arreglar la casa.