El 10 de septiembre, hace casi un mes, se publicó en el diario oficial el peruano la Ley 32433. Este hecho, que ha pasado casi desapercibido por muchos, traerá consecuencias importantes en cómo se maneja el dinero público. Con esta norma, se elimina el famoso artículo 15.3 del decreto legislativo 1441, que era, básicamente, el que obligaba a que los ingresos directamente recaudados por ciertas entidades fueran a parar primero al Tesoro Público. Ahora, con esta nueva ley, ese dinero vuelve directamente a las entidades que lo recaudan, pero es importante saber que justamente el decreto legislativo 1441 del 16 de setiembre del 2018 nace debido a que muchas entidades hacían mal uso de los recursos directamente recaudados, gastos que iban a parar a gasto corriente y cosas superfluas.

Entonces, ¿qué implica retrotraernos al sistema anterior? Que entidades como Sunat, Indecopi, SBS, entre otras, volverán a tener control directo sobre montos millonarios. ¿Y por qué esto debería preocuparnos? Porque históricamente, ya vimos lo que pasa cuando esas instituciones manejan arcas llenas: se disparan los sueldos, los bonos, los “estímulos” y los viajes. Todo legal, claro, pero no necesariamente justo ni eficiente.

En su momento, esa plata fácil permitió que ciertos funcionarios públicos tengan beneficios que iban más allá incluso de los beneficios de directivos de empresas privadas. Y ahora que les devuelven ese poder económico, todo indica que podríamos volver a ver el mismo guion repetirse.

Lo más preocupante es que esta ley ha pasado sin mucho debate público. No se habla de mecanismos de control ni de límites claros para evitar que se repita el despilfarro. No se discute si esos recursos van a servir para mejorar servicios al ciudadano o solo para engordar planillas doradas.

Más dinero no es malo. Pero dinero sin vigilancia es receta conocida: gasto excesivo, beneficios exclusivos y una administración pública que se sigue alejando de la realidad de la mayoría de peruanos.

El congreso podría corregir esta situación, si ellos eliminaron el control que hacia el Ministerio de economía y finanzas del uso de estos presupuestos, normar el buen uso de estos ingresos es su obligación.