A lo largo de la humanidad, el ser humano busca la inmortalidad a través de su desarrollo en la sociedad, algunos desarrollándose en el sector privado y otros sirviendo a su patria desde el Estado, no hay cosa más cercana a la perpetuidad que la gloria eterna que logran aquellos que sirviendo al Estado tatuaron sus nombres en la historia a través de sus obras, como símbolo de esta labor, están las placas conmemorativas de obras inauguradas, las resoluciones firmadas por ellos en la toma de decisiones respecto de políticas públicas, calles que llevan sus nombres, monumentos realizados para ensalzar sus imágenes, todo esto es parte de haber logrado el reconocimiento de la sociedad como líder o persona destacada de una nación.
Pero también hay quienes, habiendo logrado esta trascendencia histórica, terminan traicionando sus principios cediendo ante un vil puñado de monedas o lo que es peor, todo logro fue en realidad mentira, producto de un ardid bien montado desde el principio para llegar a la notoriedad y aprovecharse de ella.
En la antigua Roma quienes traicionaban al Estado, sea por actos de corrupción o lesivos a la república eran considerados enemigos de esta, sentenciándolos a la llamada “Condena de la memoria” o “Damnatio memoriae”, este castigo que era dado por el senado Romano ante la más alta traición al gobierno y su pueblo, consistía en eliminar todo aquello que recordase al condenado, es decir eliminar su nombre de la historia, proscribiéndolo a él y su apellido de la memoria colectiva, eliminando su nombre de toda placa, monumento, resolución dada e incluso se prohibía usar su nombre, toda la sociedad en su conjunto execraba a el personaje como símbolo de desprecio por los delitos cometidos, siendo conscientes que el mejor de los castigos luego de la condena en el fuero penal, era la del repudio social a través del olvido absoluto.
En el Perú tenemos una crisis de valores, debemos ser conscientes de esto e impulsar normas que no solo busquen la sanción limitativa de la libertad, como es condenar a la ex autoridad o autoridad delincuente a una cárcel, es decir, no basta con una condena en el ámbito penal sino también moral, debe eliminarse cualquier rastro de su memoria en la historia de la patria, los derechos hasta pensionarios generados por funcionarios y políticos corruptos deben desaparecer, la condena a la memoria de quienes con su actuar cometieron una afrenta a sus naciones, desvalijándolas, robando sus recursos o traicionando a sus ciudadanos, resultaría no solo un complemento a las sanciones penales impuestas por un juez sino en un claro ejemplo para las futuras generaciones, que verán a quienes pretendan traicionar la confianza de sus habitantes deshonrados socialmente en su comunidades.
El Congreso es el llamado a legislar para implementar esta nueva sanción en nuestro ordenamiento jurídico, haría mucho bien en hacerlo ya.
