“Ubi Societas, ibi ius”, aforismo latino que hace siglos refleja la complejidad de la convivencia en sociedad. Con la evolución del ser humano y su transición de nómade a sedentario, vivir en grupos trajo consigo una serie de problemas y conflictos por resolver, de esta manera nacen los sistemas de gobierno en un intento de mejorar estas nuevas ciudades ya formadas y las normas que buscan que la vida en sociedad sea tolerante, armoniosa y segura para sus integrantes.
Todo ciudadano entonces tenía clara la manera en que debía desarrollarse dentro de la colectividad en la que cohabita, conoce que si realiza alguna acción antisocial va a sufrir una sanción, que será proporcional al delito, infracción o falta cometida.
Hoy en nuestra sociedad se ha pervertido y se utiliza políticamente de manera enfermiza las leyes punitivas, con el único fin de destruir o demoler al adversario, se viene mal aplicando conceptos universalmente establecidos, como el de organización criminal, la excesiva mala aplicación de prisiones preventivas, la politización y mediatización de la justicia, ha convertido a este sistema de control social en el instrumento ideal para que el que lo administre persiga, no el delito, sino a sus enemigos, muchas veces extorsionándolos, amedrentándolos o sometiéndolos a sus intereses o deseos.
Es así que el Congreso de la República, con el proyecto de Ley 5981, busca limitar la inadecuada aplicación de leyes y precisar algunos conceptos que bajo el velo de la lucha contra el crimen organizado se han mal conceptualizado, como es el caso de la definición de lo que es una organización criminal y el procedimiento que brinda las garantías procesales que en un allanamiento son necesarias para que se validen las pruebas obtenidas para una posterior acusación fiscal, sin buscar shows mediáticos que endiosen a personajes fiscales para que luego de unos años los peruanos sintamos el sin sabor que solo fue una intervención para la “peliculina” sin ningún resultado jurídico-penal de éxito en la condena del delincuente.
Las batallas políticas se ganan en las elecciones, hay quienes ven al Estado como un botín que repartir, se disfrazan de demócratas pero al minuto de perder una elección, buscan tener su trozo del “pastel”, sin ser buenos perdedores pretenden cogobernar utilizando los procedimientos fiscales como esbirros de sus bajos intereses, por un lado liberando miles de delincuentes, pero jugando con las antipatías y simpatías del pueblo distrayéndolos con cortinas de humo, a través espectaculares allanamientos y detenciones de políticos odiados por ellos, acciones que al final de los años no llevan a ningún lado, pero permitiéndoles estas distracciones a malos fiscales, negociar bajo la mesa con narcotraficantes, violadores y ladrones su impunidad.
Estoy seguro que este proyecto normativo ayudará a agudizar los esfuerzos fiscales de perseguir el delito, sin que se llegue a cometer abusos con inocentes, protegiéndonos a los ciudadanos y reestableciendo el principio universalmente tutelado de presunción de inocencia.
