Hace algunas semanas todos los peruanos hemos sido testigos de la manera de actuar de un municipio, prepotente, abusivo y extorsivo con un de los restaurantes más emblemáticos del país, lugar donde un inmigrante suizo creó nuestro sabroso pollo a la brasa.
Como efecto al cierre arbitrario de 14 días por parte de la municipalidad, el congresista Hernando Guerra García decidió darle impulso a un proyecto de Ley que presentó en mayo de este año.
Esta iniciativa signada como “Proyecto de Ley 4952-2022-CR” pretende limitar la acción fiscalizadora de los municipios y hacer prevalecer los intereses privados sobre los de todos los ciudadanos, que muchas veces son afectados por locales que operan con licencias vencidas, ocasionan ruidos molestos y convierten en verdaderos infiernos las urbanizaciones donde funcionan, la inversión privada debe ser bienvenida porque genera trabajo.
Pero el derecho de una persona de hacer empresa, no puede pisotear el de la sociedad en la que desarrolla sus actividades comerciales, más aun teniendo en cuenta que con las débiles normas municipales que se cuentan muchas veces, malos empresarios hacen lo que les da la gana colocando negocios en zonas donde no les permite la zonificación e incluso ante el cierre por parte de la municipalidad, presentan amparos con sus respectivas cautelares y siguen operando a sus anchas.
Con este proyecto de ley se le quita herramientas a los gobiernos locales para hacer respetar las normas como por ejemplo lo que indica el artículo 5.3, que se intenta modificar de la siguiente manera, “No procede la clausura temporal por el vencimiento o la renovación de las autorizaciones, salvo lo dispuesto en el numeral 5.1 de esta norma” de aprobarse este supuesto, solo bastaría con que un negocio no renueve su licencia y al vencimiento de esta simplemente decida no hacerlo, la norma propuesta al no incluir las normas de carácter administrativo, limitaría el accionar municipal incluso en el caso de las Inspecciones Técnicas de Seguridad en edificaciones (n ITSE), la municipalidad en esta situación no tendría más remedio que dejar que opere el infractor opere poniendo en riesgo a los propios usuarios del negocio y al vecindario.
Considero que justos no deben pagar por pecadores, autoridades decentes de distritos y provincias como Santiago de Surco, San Isidro, Miraflores, San Bartolo, Cusco, Chupaca, Trujillo y otros tantos más que no me alcanzarían todas las páginas de este diario para enumerarlos, no deben padecer por un puñado de rufianes corruptos disfrazados de Alcaldes, al final los perjudicados son los ciudadanos, el congreso debería fortalecer la labor fiscalizadora de nuestras autoridades ediles, dándoles más prerrogativas y ayudándolos normativamente a que los procedimientos administrativos no sean tan engorrosos, haciendo que un alcalde tenga que demorar décadas para demoler una construcción ilegal en un parque o para cerrar definitivamente un local que por un amparo sigue operando sin ningún tipo de licencia.
Se debe buscar un justo medio y esto pasa quizás por tres cosas, la primera seria mantener la potestad del cierre de locales por las causales previstas en la norma actual, pero elevar el nivel de responsabilidad del cierre del establecimiento a la máxima autoridad admirativa, es decir que para el cierre de un local se tenga una opinión colegiada del fiscalizador, gerente de fiscalización y alcalde, para la segunda medida tendría que implementarse el silencio positivo administrativos ante el levantamiento de observaciones luego de una clausura temporal, si me clausuran y presente el levantamiento de observaciones, un funcionario debería acudir dentro del plazo de 72 horas para verificar el cumplimiento, de lo contrario de no hacerlo, debería permitírsele al negocio seguir con sus actividades comerciales y la tercera medida es ordenar que ante cualquier falta cometida por un local en un centro comercial solo se cierre dicho local y no todo el establecimiento., que un local haya tenido una licencia en algún momento ya que a la letra indica que no”.
