Así como en los años ochenta, la terquedad de un expresidente en reconocer que se estaban formando grupos terroristas en nuestra patria, lo llevo a llamar a estos criminales terroristas como “abigeos”, hoy gran parte de nuestra clase política parece miope y es temerosa en señalar a la minería ilegal como el cáncer que de seguir creciendo pondrá en peligro nuestra economía, seguridad y sistema democrático.
Según varios informes de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros, la minería ilegal movería hasta doce mil millones de dólares al año, esta ilegal actividad ha desplazado inclusive a la del narcotráfico, ya que traería mayores dividendos a quienes la practican, la minería ilegal hoy viene acompañada de la contratación de terroristas o ex terroristas que buscan lucrar brindándoles seguridad a estos «mineros delincuentes». A diferencia de la minería formal o artesanal, la ilegal trae consigo una serie de ilícitos que le permite desarrollarse, delitos como lo son, los ambientales, el tráfico de explosivos, la trata de blancas, el sicariato, los asesinatos y el terrorismo urbano que mantiene en zozobra a toda la población.
Las ingentes cantidades de dinero recibidas por estas bandas, que dan seguridad a estas actividades, les permite armarse mucho mejor que nuestras fuerzas del orden, incursionando en otro tipo de delitos como la extorsión, contrabando, narcotráfico y extracción ilegal de madera.
La solución principal radica en decisiones políticas firmes, el ministro del interior, Juan José Santiváñez, anuncio la asimilación de ex licenciados de las fuerzas armadas a la Policía Nacional, propuesta que hace meses pedíamos a gritos desde esta columna, pero haciendo algunos ajustes, considero que podría todavía mejorarse más nuestra idea y esto pasaría por reclutar no mil quinientos licenciados como ya lo anuncio el Ministro, sino tres mil, mil quinientos de estos efectivos se dedicarían a labores de seguridad ciudadana, el resto pasarían a integrar un grupo operativo especial contra la minería ilegal, el cual en principio se debería destinar específicamente a la zona de Pataz, equipados y apoyados logísticamente de manera adecuada por la Sociedad Nacional de Minería, de la cual es miembro la minera Poderosa, previo convenio marco firmado entre el Ministerio del Interior y la Sociedad Nacional de Minería, al igual que la Asociación de Bancos del Perú apoya permanentemente con donaciones y logística al escuadrón de “Águilas Negras”, esta nueva unidad permitiría terminar con este flagelo que trae inseguridad ciudadana, dejando a su paso, muerte y contaminación en muchas zonas de nuestro país.
