El adagio latino “Cognitio potestas est”, atribuido al filósofo inglés Francis Bacon, resume una idea central: la información es poder solo cuando se presenta con rigor y contexto. En seguridad ciudadana, las cifras no son un simple ejercicio estadístico; constituyen la base para diseñar políticas públicas, priorizar territorios y evaluar si las estrategias contra el crimen funcionan. Por ello, resulta necesario plantear una crítica respetuosa, pero firme, al SIDPOL y al Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, dos instancias que hoy comparten una misma debilidad: difundir cifras sin el análisis necesario, lo que termina induciendo a error a medios y ciudadanos.

Ambas entidades parecen haberse limitado a un rol meramente administrativo, actuando como receptoras y difusoras de denuncias policiales registradas en las comisarías del país. Sin embargo, su función debería ser distinta: analizar, interpretar y contextualizar la información. Cuando esto no ocurre, las estadísticas pierden valor y se convierten únicamente en insumos para titulares alarmistas.

Un ejemplo reciente lo ilustra con claridad. Un diario de circulación nacional publicó un ranking de distritos según la incidencia de extorsiones. En dicho listado, Surco apareció en el puesto 16, lo que generó preocupación entre sus vecinos. No obstante, el ranking contenía un error elemental: no consideraba la relación entre el número de denuncias y la población. Al aplicar el cálculo correcto, Surco se ubica en realidad en el puesto 40 de 43 distritos de Lima, con uno de los índices más bajos de extorsión. Comparar distritos con tamaños poblacionales muy distintos como si fueran equivalentes vuelve estos rankings engañosos y afecta injustamente la percepción de seguridad en zonas que no reflejan esa realidad. Esta falta de procesamiento de datos no permite mostrar el avance en los niveles de seguridad subjetiva que se están logrando con este gobierno.

Que un distrito registre más denuncias no significa necesariamente que sea más peligroso; muchas veces solo indica que tiene más habitantes. Sin tasas por cada 10 mil o 100 mil personas, sin análisis de densidad poblacional ni de tendencias en el tiempo, las cifras no explican el fenómeno y pueden conducir a decisiones equivocadas.

El SIDPOL y el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana deberían convertir los datos en conocimiento útil: identificar patrones, alertar sobre cambios relevantes y permitir comparaciones justas. Corresponde al Ministerio del Interior exigir una labor técnica más sólida. En seguridad ciudadana, tan grave como no tener datos es seguir difundiendo cifras que confunden más de lo que aclaran.