El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) pasa por la peor crisis institucional de su historia, tenemos penales llenos de corrupción, hacinamiento, privilegios ilegales y pérdida total de autoridad. Recuperar el principio de autoridad no es solo un tema de mejor gobernanza, sino una cuestión de seguridad nacional. Los penales, en lugar de ser centros de rehabilitación, se han convertido en centros de operaciones criminales, en escuelas de posgrado de aquellos delincuentes primerizos que llegan a ellos, tierra de nadie donde el Estado apenas tiene control.

Las primeras acciones deben ser contundentes y tener como objetivo la recuperación de la disciplina. Uniformar a todos los internos, sin distinciones, es un primer paso para restablecer la autoridad. El uniforme no solo elimina las jerarquías informales, sino que establece claramente que todos son iguales ante el orden y la ley. Asimismo, se debe eliminar la existencia de restaurantes internos o zonas de privilegio; la alimentación debe ser igual para todos, mejorando la calidad de la paila común y garantizando condiciones dignas, pero sin lujos.

Los agentes penitenciarios también necesitan una mejora salarial, herramientas modernas y respaldo institucional. Deben ser equipados con armas eléctricas no letales, cámaras corporales y mejores protocolos de intervención. Su labor es de alto riesgo, y hoy enfrentan mafias internas con recursos y tecnología, mientras ellos carecen de equipos básicos.

Otra reforma crucial es la infraestructura. Se deben construir nuevos penales en zonas aisladas de la sierra, como el de Challapalca, donde la propia geografía impida el ingreso o la emisión de señales de telefonía móvil. Las cárceles actuales se han convertido en callcenters de llamadas delictivas que extorsionan y coordinan crímenes desde adentro. Un penal sin señal es un penal bajo control.

Finalmente, toda comunicación con el exterior debe ser grabada y monitoreada. No puede existir privacidad para quienes utilizan las llamadas como herramientas criminales. Las visitas deben ser controladas y registradas con rigor, cualquier delito cometido por un preso debe ser un agravante para la pena a imponerse por ese nuevo acto criminal.

El INPE necesita una reforma integral que combine tecnología, disciplina y autoridad. No se trata de endurecer por castigar, sino de recuperar el control y garantizar que la cárcel cumpla su verdadera función: sancionar, aislar y, cuando sea posible, reeducar. Sin orden en las prisiones, no habrá seguridad en las calles. El Estado debe imponer mano dura, pero también inteligencia y modernidad, para que las cárceles dejen de ser el corazón del crimen y se conviertan, por fin, en centros de justicia y reinserción social.