El impuesto a las plusvalías sobre propiedades inmuebles es una oportunidad clave para financiar obras esenciales que mejoren la calidad de vida en nuestras ciudades. Aunque la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible ya contempla este impuesto, su reglamentación sigue pendiente, lo que impide aprovechar un mecanismo que podría aportar recursos significativos para obras de regeneración urbana.

Nuestras ciudades enfrentan retos críticos como la congestión vehicular, la contaminación y la falta de infraestructura adecuada. La mejora y ampliación de las líneas de transporte público, incluyendo el Metro de Lima, el Metropolitano y corredores complementarios, es una necesidad urgente que requiere financiamiento estable y transparente. El impuesto a las plusvalías permitiría captar el valor incrementado de las propiedades resultado de estas inversiones públicas, evitando que estos beneficios queden exclusivamente en manos privadas y destinándolos a financiar directamente la infraestructura urbana.

Las experiencias en América Latina, como las de Bogotá y São Paulo, demuestran que la captación de plusvalías puede ser un instrumento eficiente y justo cuando se aplica con una gestión pública transparente y responsable. En Lima, las mejoras en la infraestructura de transporte ya generan aumentos en el valor de la tierra, un potencial que no debe desaprovecharse.

Por ello, es fundamental que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento reglamente con urgencia este impuesto, estableciendo mecanismos claros que aseguren equidad y eviten impactos negativos en los sectores más vulnerables. La implementación oportuna del impuesto a las plusvalías es una cuestión de voluntad política y responsabilidad pública.

No podemos seguir aplazando una herramienta que permitirá financiar proyectos indispensables para la movilidad, el ambiente y el bienestar urbano. Reglamentar el impuesto a las plusvalías es una necesidad urgente para que el Perú avance hacia ciudades más sostenibles y justas.