A raíz del crecimiento estrepitoso del índice delictivo en el país, el gobierno ha intentado tomar una serie de medidas que a pesar de la buena intención a la hora de darlas, no pasaran de eso si no se acompañan de cambios legislativos más profundos y acciones concretas que hagan bajar la delincuencia y den un país seguro a nuestras familias.
El Instituto Nacional de Estadística e Informática emite anualmente el informe técnico sobre estadísticas de la criminalidad y seguridad ciudadana, en el vemos que anualmente se realizan cuatrocientos noventa y siete mil quinientos ochenta y un denuncias por comisión de delitos, de las cuales trecientos dieciséis mil setecientos veinte y ocho son por delitos contra el patrimonio, si tenemos en cuenta que uno de cada cinco delitos son denunciados, en el territorio nacional se cometen cerca de dos millones y medio de actos delictivos, de ellos aplicando la misma fórmula, alrededor de un millón seiscientos mil son contra el patrimonio, de lo antes señalado podemos concluir que el primer problema a resolver es que los ciudadanos sienten que denunciar es por las puras, ya que el delincuente quedará impune de los delitos cometidos, para ello se debe facilitar y aumentar los canales mediante los cuales se pueda sincerar esta cifra, permitiendo que la policía tenga la versión del agraviado, cosa indispensable para iniciar la acción penal que termine en encarcelar a estos delincuentes.
Otro tema que se puede apreciar en este estudio es que las faltas, como se conocen a hurtos menores, llegan al quince por ciento de los delitos cometidos, por ende se debe escalonar la responsabilidad penal para aquellos acostumbrados a realizar hurtos de menor cuantía repetitivamente siempre protegidos por un sistema penal que no los sanciona con severidad.
El gobierno emitió este 18 de octubre una norma que aumenta la pena para aquellos que roben un celular, siendo de doce a veinte años y con la agravante si se realiza en moto de veinte a treinta años, este cambio normativo que podría emocionarnos a muchos, no tendría ningún efecto de no acompañarse con otros cambios legislativos ya que, solo un quinto de los ciudadanos denuncia los delitos y de ese quinto ni el quince por ciento llegan a ser detenidos, a esa cifra hay que recortarla aún más ya que de los detenidos muchos son liberados por fiscales y jueces que tienen desempeños delictivos, en conclusión sin una norma que sancione drásticamente las inconductas funcionales de malos jueves y fiscales, de cada cien delitos de este tipo apenas uno terminara en prisión.
Estas acciones acompañadas de una mejor investigación criminal, traerán decenas de miles de delincuentes a penales ya hacinados, por ello se deben construir penales que no sean escuelas del delito, establecimientos penitenciarios para delincuentes primarios en los que se ganen su alimentación, cama y paguen su reparación civil con el sudor de su frente.
La medida populista y aislada de aumentar las penas se convertirá en un bumerán para el ejecutivo cuando luego de meses no tenga ningún efecto práctico en reducir la actividad criminal.
