A propósito de las últimas protestas acontecidas en nuestro país y con la amenaza de algunos grupos extremistas de tomar Lima, debemos analizar el papel del estado en su conjunto en este tipo de manifestaciones.
Si bien protestar es un derecho constitucionalmente protegido, debemos cuidar que este no colisione con el derecho constitucional de todos los peruano de tener una vida pacifica, que la propiedad privada no sea afectada o destruida y sobre todo que quienes deseen transitar no se vean perjudicados.
Más aun teniendo como experiencias, casos como el del 15 de diciembre del año pasado, donde un niño falleció por falta de atención de una cardiopatía, debido a que no pudo viajar, por las protestas, de Huancavelica a atenderse en el hospital del niño en Lima.
Este tipo de situaciones delictivas no las debemos permitir, el gobierno central debe garantizar el libre tránsito, la seguridad y la convivencia pacífica entre todos, para eso el estado, como lo señala Max Weber en su Obra ¨La Política como vacación¨ ,tiene el monopolio de ejercer la fuerza e incluso la violencia, para doblegar toda perturbación a los derechos de la sociedad.
Esta es una tarea complicada, ya que debe realizarse respetando los Derechos Humanos de ciudadanos que muchas veces por su indignación están en estados psicológicos de euforia que no les permite razonar de manera coherente.
El gobierno central a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (Secretaria de gestión social y diálogo) y los ministerios de justicia, defensa e interior tienen el papel principal en esta labor debiendo buscar dialogar con los manifestantes, llamar al orden a los que no lo deseen hacer y capturar a aquellos delincuentes que se infiltran en estas protestas para atentar contra la propiedad privada, la integridad física de ciudadanos y el libre tránsito.
El Ministerio Público con el Poder Judicial deben cernir la paja del trigo rápidamente, los fiscales demostrando neutralidad, denunciando a los que causen daños a la propiedad privada, a la integridad física de los ciudadanos o agentes del orden, pero también a malos policías, como se vio en Puno, donde una teniente habría sustraído bienes previamente incautados por las fuerzas del orden a una turba que protagonizó desmanes.
Los jueces con celeridad deben corregir cualquier equivocación del ministerio público, sancionando a los culpables y liberando a quienes por alguna error fuesen incluidos en estas acusaciones, los gobiernos regionales, provinciales y locales vienen desarrollando un papel pasivo, esquivo, poniéndose un poco de lado en este problema, pero en el marco de sus funciones y competencias que les permite la Ley 31297, debería tomar un rol más activo, ya que ellos conocen directamente las diversas realidades en las que se desarrollan estas manifestaciones.
Además casi todos ellos cuentan con un cuerpo de serenos, en su mayoría ex policías o militares, que sumados agregarían casi 32 000 agentes más, que sin armas pero bien equipados y en grupos mixtos (policías-serenos), co-ayudarían a la policía nacional en las labores de mantener el orden en los grupos no belicosos de protestantes.
Para ello urge realizar un mapa del conflicto, identificando tres niveles de manifestaciones, la primera las no violentas o con baja violencia en estas, los equipos mixtos de policías y serenos deben de actuar, desarrollando labores en las manifestaciones sin ningún tipo de violencia o baja violencia y en el marco geográfico de sus respectivos distritos, esto permitiría liberar a un buen grupo de agentes policiales que se redistribuirían para actuar, en el segundo grupo que serían las manifestaciones de violencia media, en las cuales deben actuar solo las fuerzas policiales del orden.
Para terminar con el grupo de protestas de violencia alta o extrema donde deberían recién actuar los grupos mixtos de fuerzas policiales con fuerzas armadas, de esta manera sería mucho más sencillo evitar el uso excesivo de la fuerza y determinar responsabilidades respecto de posibles abusos cometidos, Derecho a protestar si, pero con respeto por la propiedad privada, la integridad del prójimo y el libre tránsito, esa debe ser la premisa.
