“Lava Jato”, conocido en Perú como “Odebrecht”, se destapa en Brasil en 2016 como uno de los casos más grandes de corrupción de América Latina. La organización operó por 12 años, involucrando a presidentes y funcionarios acusados por soborno en 12 países: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, obteniendo beneficios en contrataciones públicas y comprando voluntades.
La operación policial tuvo sus primeros hallazgos sobre la red de corrupción en una gasolinera de «lavado de autos». Empresas y constructoras brasileñas fueron implicadas, incluidas Petrobras, Odebrecht, OAS y Camargo Corrêa, coludidos para fijar precios de licitaciones de obras públicas, inflando costos y sobornos que sumaron más de 350 millones de dólares.
Las investigaciones responsabilizaron a funcionarios públicos de los gobiernos de Luiz Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2010-2016) destituida por corrupción. Lula da Silva fue juzgado por sobornos de la constructora OAS, además de corrupción pasiva y lavado de dinero, condenado a 17 años, purgando solo 580 días de cárcel al ser anulados los juicios aduciendo que no debieron ser procesados en Curitiba sino en el lugar donde se cometió el delito.
El caso se inicia en años del primer mandato de Lula, tiempos en los que Hugo Chávez financiaba campañas electorales para el “Socialismo del Siglo XXI”, logrando el liderazgo con la anuencia de Fidel Castro.
Se dice que Odebrecht financiaba campañas políticas electorales para obtener beneficios y contratos de construcción con gobiernos locales. ¿O financiaba contratos con gobiernos para intervenir la política de los países sobornados?
Estas prácticas no comienzan con Lula, tampoco con Chávez. A inicios de la Revolución Cubana fueron robados informes de una embajada de Cuba, donde se detalla la lista pormenorizada de sobornos a todo tipo de personalidades peruanas, información publicada por Leovigildo Ruiz en el “Diario de una Traición – Cuba 1960”. Es conocido el caso del actual embajador de Cuba en Perú, Carlos Rafael Zamora, quien entregó financiamiento ilegal a tres candidatos a la presidencia de Ecuador en la campaña electoral de 1988: Rodrigo Borja, Abdalá Bucaram y Frank Vargas Pazos en primera vuelta; y en segunda vuelta sufragó tanto a Borja como a Bucaram, según fuentes documentadas.
Con Lava Jato, la red de corrupción compró a todo aquel que estuviera a la venta, jueces y fiscales incluidos, y hoy que Lula vuelve al poder, los juicios de Odebrecht evidentemente se seguirán complicando, mientras el Perú no termina de recuperarse de la crisis moral desatada en 2016.
La corrupción, problema mundial, desata la pobreza, obstaculiza el desarrollo, ahuyenta la inversión, debilitando los sistemas judiciales y políticos. Estas prácticas no son ajenas al sector público o privado, donde el problema es el mercantilismo, “interés excesivo por conseguir ganancias en aquello que no debería ser objeto de comercio”.
El hecho es que Lula busca solo protagonismo, quiere ocupar una posición de liderazgo en el bloque de las izquierdas, defendiendo dictadores en Latinoamérica y en otras latitudes como China, Rusia, Irán y cualquiera que sirva para concretar su agenda. Parece que los largos días en prisión no le sirvieron para reflexionar y meditar sobre lo que verdaderamente necesitan los pueblos de América.
