En América Latina, las Fuerzas Armadas enfrentan desafíos cada vez más complejos, que van más allá de su función tradicional de proteger la seguridad nacional y el frente externo. La constante evolución de los peligros para la seguridad interna, como manifestaciones violentas y nuevas formas de delincuencia armada, organizada y con vínculos internacionales, plantea retos que exigen su participación activa para abordar la grave problemática de la seguridad interna y contribuir al restablecimiento de la paz y la tranquilidad ciudadana.
El crimen organizado experimenta constantes transformaciones, con bandas criminales que diversifican sus estructuras y negocios, aumentando la complejidad y dificultad para enfrentarlos. La fragmentación de estas organizaciones y su anonimato dificultan aún más la tarea de combatir y prevenir actividades delictivas y nuevas formas de violencia.
La Declaración sobre Seguridad en las Américas reconoce que la paz hemisférica se ve afectada por amenazas multidimensionales, que van más allá de la defensa territorial tradicional. Este cambio de enfoque incorpora nuevas funciones en las Fuerzas Armadas, las cuales deben adaptarse a una amplia gama de amenazas emergentes, además del terrorismo, narcotráfico y minería ilegal, con atentados contra activos críticos nacionales y delincuencia transnacional con armamento de uso militar.
Además de los retos operativos, las Fuerzas Armadas enfrentan marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales que regulan su actuación en situaciones de seguridad interna. Estos marcos legales no siempre se adaptan a la realidad de nuevos escenarios, y su evolución suele ser más lenta que la de las amenazas emergentes. La presencia de contadores y abogados conocedores de las fisuras en los sistemas de derechos humanos, como parte de la estructura criminal, representa una amenaza que puede favorecer a la delincuencia por encima de las fuerzas del orden.
Garantizar y determinar los límites del uso legítimo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas es fundamental en cualquier actuación militar. Las situaciones de violencia interna deben abordarse de manera proporcional, respetando los estándares internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Esto implica encontrar un equilibrio entre la protección de la población y el respeto a los derechos fundamentales.
En contextos donde las heridas del pasado aún están presentes, es fundamental evitar que la intervención de las Fuerzas Armadas genere nuevas fracturas sociales. La consolidación de la paz y el orden deben ser prioridades en cualquier estrategia de seguridad interna.
Las Fuerzas Armadas deben adaptarse constantemente a nuevos escenarios de seguridad interna y capacitarse en consecuencia. Esto implica revisar periódicamente las leyes y políticas de seguridad nacional, así como formarse en técnicas y estrategias para enfrentar nuevas amenazas. Sin embargo, las Fuerzas Armadas no son la única solución para los problemas de seguridad. La cooperación entre diferentes sectores del Estado y la sociedad en su conjunto es esencial para abordar las causas subyacentes de la violencia y la delincuencia.
Las políticas de seguridad y defensa nacional deben ser transparentes y estar a disposición del control ciudadano; las decisiones sobre acciones de las Fuerzas Armadas deben ser de conocimiento público, estar sujetas a escrutinio y control judicial, ello garantiza la legitimidad de su actuación, fortaleciendo la confianza de la sociedad en sus instituciones.
Las Fuerzas Armadas enfrentan importantes retos en el contexto de la seguridad interna, que van desde la adaptación a nuevas amenazas hasta la actualización de los marcos jurídicos que regulan su actuación. Abordar estos desafíos de manera efectiva requiere un enfoque integral que combine la capacidad operativa con el respeto a los principios democráticos y el Estado de derecho. Solo así las Fuerzas Armadas contribuirán en forma efectiva a la seguridad y estabilidad de la sociedad en América Latina.
(*) Politóloga y comunicadora
