La 52 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se llevó a cabo en Lima en medio de un ambiente convulsionado, con manifestaciones y protestas. Los resultados incluyen sinsabores y frustraciones. Muchos cuestionaron los costos asumidos por el Perú; pero ese no es el tema medular, el problema es la ausencia de un retorno de esa inversión en términos de acuerdos y medidas concretas para solucionar los problemas de la región.
Luis Almagro, secretario general de la OEA, inició la Asamblea mostrando su profundo desconocimiento sobre nuestra crisis política, económica y social al afirmar que “El Perú puede aportar muchísimo y vimos al presidente comprometido con la mejor gestión de la agricultura para que la misma sea una respuesta nacional dentro del Perú, pero también dentro del propio hemisferio”. Parece ser que no se ha enterado de que vamos por el cuarto concurso público para comprar urea, imposible de concluir por seis meses, perdiendo una campaña agrícola. No entiende la gravedad de adular a un presidente que no gobierna, que favorece solo a su entorno en medio de una corrupción generalizada, con seis investigaciones fiscales en curso. ¿Será sólo desconocimiento? Es lo que nos preguntamos todos.
En el discurso de cierre, Almagro afirmó “Cada vez qué se discrimina a alguien, se están afectando sus derechos, se está mirando desde arriba esa persona, Están negando que esa persona, sea igual a nosotros”. Esta declaración, refrendando el discurso de victimización de Pedro Castillo, pareciera avalarlo sin entender que el problema no es discriminación hacia el poblador humilde, el problema es el rechazo a una corrupción sistemática, falta de rumbo del país y ausencia de profesionales comprometidos que ofrezcan soluciones.
La población rechazó esa agenda, que prioriza desproporcionadamente problemáticas que no son de primer orden. El verdadero problema de la región son las dictaduras que hacen peligrar a la democracia en Latinoamérica. Esas dictaduras, contra las cuales no se han pronunciado enfáticamente, están representadas por Cuba, Nicaragua, Venezuela y otros países que van alineándose, sufriendo no solo por la pérdida de sus libertades, sino también por la pobreza extrema y éxodos masivos en busca de libertad, calidad de vida y oportunidades.
Por su parte, Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, ratificó ante la prensa su posición en contra de las medidas antidemocráticas en naciones como el Perú, “mal utilizando las normas y apelando a un supuesto respaldo popular, líderes elegidos democráticamente toman prestada la fórmula autócrata para tratar de permanecer en el poder y debilitar los sistemas de controles y equilibrios”.
Se pronunció también sobre las leyes que otorgan al Gobierno facultades excesivas para censurar a medios de comunicación y a la sociedad civil, buscando extender sus mandatos y hostigar, perseguir o destruir a funcionarios gubernamentales como fiscales y jueces que cumplen con su mandato. “Estamos viendo más líderes que toman medidas antidemocráticas, a menudo bajo el falso pretexto de que cuentan con el apoyo popular”, afirmó condenando el autoritarismo de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Estas son las manifestaciones que hubiéramos querido escuchar en la Asamblea de la OEA, haciendo respetar la Carta Democrática Latinoamericana. Y no a funcionarios como el representante del Perú ante la OEA, Harold Forsyth, que no solo no quiso pronunciarse sobre la coyuntura peruana ante la prensa, sino que maltrató a los periodistas. Eso es discriminación e intolerancia.
