Bolivia enfrenta una de las peores crisis ambientales y humanitarias de su historia, con más de cuatro millones de hectáreas afectadas por incendios forestales, cubriendo de humo el territorio, invadiendo las fronteras con Paraguay y Brasil. Este desastre iniciado dos meses atrás, sigue descontrolado, poniendo en evidencia la inacción del gobierno central y las políticas que permiten la quema indiscriminada de terrenos, factor clave en la escalada de los incendios.
La situación es crítica en zonas rurales donde los incendios siguen ganando terreno, con escaso apoyo para combatir el fuego. En Santa Cruz, departamento más afectado, comunidades enteras sufren las consecuencias de una nube tóxica que obliga a suspender clases, evacuando familias y un acceso a servicios médicos limitado. Las organizaciones locales claman por asistencia humanitaria y material para hacer frente a la catástrofe.
La raíz del problema se encuentra en la sequía, condiciones naturales, pero también en la legislación del gobierno boliviano, que permite la quema para expansión agrícola y ganadera. Las prohibiciones temporales no se acatan o se aplican sin rigor, mientras los incendios se propagan descontroladamente.
Los niveles de contaminación alcanzan cifras alarmantes por el humo. Mediciones del portal especializado IQAir, registran en Santa Cruz de la Sierra un índice de calidad del aire (ICA) de 283, clasificado como «muy dañino» para la salud; 300 es extremadamente dañino. Pero por momentos, se han superado los 400 puntos, riesgo extremo para quienes padecen afecciones respiratorias o alergias.
El gobernador de Santa Cruz y el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental claman por ayuda internacional. Pero, la respuesta es lenta, mientras el fuego avanza. Países como Perú evalúan el envío de ayuda, pero dos meses después de desatada la crisis, las decisiones deben ser inmediatas. El presidente boliviano, Luis Arce, anunció la contratación de aviones cisterna y bomberos forestales internacionales, pero la magnitud del desastre parece desbordarlo.
En Paraguay, los incendios cruzan la frontera obligando a las autoridades a suspender clases, siendo las actividades al aire libre peligrosas para la salud. La calidad del aire en Asunción, capital paraguaya, ha alcanzado peligrosos niveles, cubriendo vastas áreas del país. En forma similar, en Brasil, la Amazonía enfrenta incendios y una sequía extrema.
El desastre es parte de una crisis de gobernabilidad y políticas públicas. La legislación boliviana, fomentando el desarrollo agrícola, choca con la urgencia de proteger los bosques y las comunidades que dependen de ellos. Especialistas medioambientales exigen la derogación de las leyes que permiten los desmontes y quemas, muchas aprobadas en tiempos de Evo Morales. Pero, la voluntad política resulta escasa y la inacción del gobierno es una fuente de frustración para la población.
La comunidad internacional debe intervenir con rapidez. Bolivia necesita más que palabras de apoyo, ayuda técnica y material para controlar los incendios, socorrer a las comunidades afectadas para una posterior recuperación de las tierras devastadas. Los bomberos locales siguen luchando contra el fuego, al borde del colapso, clamando por ayuda internacional urgente.
Mientras tanto, el daño ha alcanzado una escala regional. El humo y la contaminación cruzan fronteras, afectando a miles de personas y la Amazonía, el «pulmón del mundo», sigue siendo devastada. La crisis de los incendios en Bolivia no es un problema local; es una amenaza para toda la región. Los bolivianos en Santa Cruz no pueden esperar más.
