La visión distorsionada de la justicia no solo afecta a los derechos de los acusados, sino que mina la confianza pública en el sistema judicial. El manejo mediático y exhibición de investigados como culpables sin un juicio justo convierte las investigaciones en espectáculos públicos, alejándose de su propósito legítimo: buscar verdad y justicia.
La presunción de inocencia establece que toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Sin embargo, Marita Barreto del equipo especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) muestra un flagrante desconocimiento de este principio. El 12 de octubre de 2022, afirmó “Si se dicen inocentes, pues que prueben que son inocentes en el Ministerio Publico, para eso existe el Proceso… tienen que dar las razones por que son inocentes… tienen que ofrecer los elementos de convicción que contradicen los elementos de convicción que acopia el Ministerio Público [Fiscalía]. Es así como se debe desarrollar un proceso.”
Efectivamente, así parecen desarrollarse los procesos. El sistema judicial ignora el principio de presunción de inocencia consagrado en la Constitución y Código Procesal Penal: “Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”. Esta inversión inadmisible contraviene la Constitución poniendo en tela de juicio la veracidad y confianza sobre las decisiones del aparato judicial.
La gravedad de esta situación se evidenció con el caso «Valkiria V» iniciado el 28 de noviembre de 2023, marcando un grave precedente en la administración de justicia. Con la detención de Jaime Villanueva, alias «Filósofo», acusado de formar parte de una red de crimen organizado, se involucra a la Fiscal de la Nación Patricia Benavides. La principal prueba fue copias de chats sin interlocutores de un teléfono que Villanueva destruyó, levantando dudas sobre la autenticidad y validez de la evidencia.
A pesar de las inconsistencias, Villanueva sigue siendo importante colaborador eficaz, proporcionando declaraciones, no corroboradas en muchos casos, implicando a figuras clave; pero solo se investiga las declaraciones contra personajes incomodos para ciertas esferas del poder, preocupante desviación de los principios de justicia y equidad.
El caso «Valkiria V» muestra investigaciones que avanzan a diferentes velocidades según el acusado. Patricia Benavides, exfiscal de la Nación, personaje incómodo para el sistema judicial, es juzgada con severidad y ligereza respecto a otros implicados.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ), que nombra a jueces y fiscales, juega un papel crucial en este entramado. La reciente destitución por unanimidad de Patricia Benavides en el cargo de fiscal suprema y fiscal de la Nación alegando faltas graves, plantea interrogantes sobre la equidad y transparencia del proceso.
El mensaje que la Fiscalía, sistema judicial y JNJ envían a la población es preocupante: no existe equidad en el tratamiento de los casos. La celeridad para acusar sin pruebas suficientes o sin verdaderos sustentos y tratamiento diferenciado según la influencia o la incomodidad que los acusados representen, genera escepticismo y desconfianza.
La crisis de principios en la Fiscalía, exacerbada por Marita Barreto y su equipo, pone en riesgo la justicia individual, amenazando la integridad del sistema judicial en su conjunto.
Esta situación debe llamar la atención sobre la urgente necesidad una auditoria y reorganización del sistema judicial para garantizar el respeto a los fundamentos de la justicia. Restaurar los principios del debido proceso, en condición de igualdad para todos los ciudadanos es crucial para devolver la confianza en el sistema judicial, asegurando un trato equitativo y justo.
