El caso Lava Jato, mega escándalo de corrupción latinoamericano, se desata en 2014 en Brasil durante el gobierno de Dilma Rousseff. Pero las raíces se remontan al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) cuando Odebrecht, una de las mayores constructoras brasileras, se beneficia con contratos gubernamentales obtenidos con sobornos y corrupción.
En 2016 destituyen a Dilma Rousseff acusada de manipulación fiscal y presupuestaria por corrupción en el caso Lava Jato, implicando a políticos y empresarios. En 2017, Lula da Silva fue condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero, acusado de recibir beneficios de empresas constructoras a cambio de contratos con Petrobras; encarcelado en 2018 y liberado tras 580 días en 2019 con la decisión del Tribunal Supremo Federal que determinó que los acusados solo pueden ser encarcelados agotadas todas las apelaciones.
En 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó un informe detallando que Odebrecht pagó 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014, en proyectos de infraestructura y corrupción. Pero pasados ocho años, nada se resuelve.
Con Lula da Silva nuevamente en el poder, las condiciones de las investigaciones de Lava Jato siguen cambiando, argumentando abusos y excesos en las acusaciones y procedimientos, afectando la cooperación judicial internacional. Así, en 2023, la Fiscalía brasileña suspendió la cooperación judicial con Perú, alegando que las autoridades peruanas violaron el acuerdo de colaboración eficaz al utilizar en contra de Odebrecht información proporcionada por ellos.
En mayo, el Tribunal Supremo de Brasil anuló las decisiones de un tribunal inferior contra Marcelo Odebrecht. El juez Dias Toffoli argumentó que las evidencias fueron “contaminadas”, atendiendo al pedido de la defensa de Odebrecht que alegaba irregularidades similares a otros casos de la operación Lava Jato. Pero el ahora juez José Antonio Dias Toffoli fue abogado de Lula da Silva.
El Equipo Especial Lava Jato en Perú, encabezado por los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, incluyeron a Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en Perú en la investigación del caso Gasoducto Sur Peruano, solicitando prisión preventiva. Pero la suspensión de la cooperación de Brasil afecta casos judiciales en curso contra exfuncionarios y políticos como Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Susana Villarán y Keiko Fujimori.
El abogado penalista Luis Lamas Puccio señala que el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht permitió transferir activos a terceros como la venta de la central hidroeléctrica de Chaglla. Afirma que debe investigarse a los funcionarios que facilitaron este acuerdo –cuyo contenido es aún desconocido–, resultando en reparaciones civiles mínimas, permitiendo a la empresa seguir contratando en Perú, perjudicando los intereses peruanos,. Resalta la necesidad de investigar a los fiscales Vela y Pérez, así como a jueces del Poder Judicial que homologaron y aprobaron el acuerdo.
No se descarta la omisión dolosa de funcionarios, donde fiscales, jueces, ministros y legisladores beneficiaron a Odebrecht, situación que debe investigarse determinando responsabilidades con consecuencias penales.
Sabemos cuándo y cómo se inicia el caso Lava Jato; pero no cuándo y cómo terminará. El hecho es que el Perú sigue pagando pasivos y los fiscales demuestran una incompetencia más que sospechosa. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién investigará a los fiscales? La falta de transparencia e impunidad revela conexiones de corrupción internacional que afectan no solo a las inversiones en infraestructura peruana.
