La avalancha de acontecimientos impide detenerse a analizar graves aspectos de la realidad. Los embates del terrorismo, que creímos vencidos, recrudecen; sumados a la intensificación de la inseguridad con bandas internacionales que no respetan la vida. Padecemos una violencia nunca vista, atentados con explosivos, granadas y numerosas pandillas armadas.
Recordemos la Sentencia del Tribunal Constitucional (TC) 370/2022, tema que debiera retornar a la agenda para su debate. Ante la demanda de inconstitucionalidad presentada sobre trece leyes, el TC declara fundada el reclamo sobre “La rehabilitación, luego de cumplida una sentencia condenatoria los habilita para prestar servicios en el sector público”. Así, terroristas “rehabilitados” ocuparían cargos como Presidente de la República, Congresistas, Gobernadores Regionales, entre otros.
¿Qué garantiza que un terrorista haya sido verdaderamente rehabilitado? La seguridad pública debe ser prioritaria; pero somos testigos de los numerosos casos de supuestos “rehabilitados” hoy denunciados por apología al terrorismo. De once mil terroristas condenados, quedan cien en las cárceles. Quiere decir que son miles los terroristas en las calles y nada nos garantiza su rehabilitación.
La Ley 30610 –cuestionada en dicha demanda– regula el delito de apología del terrorismo a quien “públicamente exalta, justifica o enaltece un delito o a la persona condenada como autor o partícipe”, cuyos agravantes son “función del sujeto (autoridad, docente o administrativo de una institución educativa), uso de menores de edad y medio comisivo (objetos, libros, escritos, imágenes).”
La alternativa está en el Poder Judicial, que podría inhabilitar indefinidamente a terroristas que, luego de purgar pena no muestren arrepentimiento, causando daños a la sociedad. Ya lo estamos constatando en Trujillo, ciudad históricamente exenta de terrorismo, donde se detuvo a Juan Santos Romero –mando logístico de Sendero Luminoso–, fundador de “Voluntad Transformadora” y otras seis personas que tenían secuestrados a menores de siete a ocho años, recibiendo adoctrinamiento senderista.
Pero Cesar Acuña, líder de Alianza para el Progreso, declara sobre el terrorista militante de su partido que adoctrinaba niños, “Jamás vamos a inscribir a un terrorista… si hay terrucos no lo sé… el registro final no es del partido, el registro de militantes es el Jurado Nacional de Elecciones”. Esa posición al estilo Poncio Pilatos, sin ánimo o intenciones de filtrar a personajes nefastos, es la causa de delincuentes presentes en la política peruana.
Otro claro ejemplo es Antauro Humala, quien luego de purgar condena por intento de golpe de estado y muerte de cuatro policías, sale en libertad por redención, sin mostrar signos de rehabilitación o arrepentimiento, burlándose de la sociedad y la justicia. Peor aún, pretende ser candidato presidencial en próximas elecciones.
Recurrir al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para filtrar malos elementos es una causa perdida. El JNE no pudo filtrar a Pedro Castillo, a pesar de sus antecedentes, irregular hoja de vida e inconstitucional plancha presidencial. Es iluso pensar que podrían filtrar a cientos de miles de militantes de múltiples partidos. La responsabilidad cívica de los partidos es saber quiénes integran sus filas y proponer a personas idóneas como candidatos para puestos públicos, pero esto no sucede y sufrimos las consecuencias.
El terrorismo azota al mundo entero. No es posible avalarlo, sin importar las circunstancias o procedencia. Debemos reprobar a organizaciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas o JNE que no condenan a estos grupos, cómplices o países simpatizantes. No es coincidencia que las dictaduras del mundo hagan causa común pasando por alto la barbarie terrorista.
