Los vaivenes de Pedro Castillo y sus camaradas en el gobierno vuelven a sorprendernos. El 4 de marzo declaró públicamente: “…vayamos quitando de la cabeza ese fantasma de que Pedro Castillo llegó al Gobierno para instalar una Asamblea Nacional Constituyente, un modelo Chavista o comunista, la rechazo rotundamente…” Pero, 50 días después, regresa a la carga con su desacreditada Asamblea.
Nuestra Constitución no contempla la figura de una Asamblea Constituyente. El artículo 32° habla de “reforma total o parcial”, por las vías que la misma Constitución establece en el artículo 206°, con la aprobación del Congreso. Pero el ejecutivo ya hizo llegar su Proyecto de Ley de reforma constitucional para someter a referéndum la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Incluye esta vez Disposiciones Transitorias para reglamentar la elección de los 130 miembros: 52 representantes de organizaciones políticas inscritas (40%), 39 candidatos independientes (30%), 34 representantes de pueblos indígenas (26%) y 5 de los pueblos afroperuanos (4%). La Octava disposición transitoria explica que “los pueblos indígenas y afroperuanos, constituyen una circunscripción electoral especial, siendo la asignación de escaños proporcional a su representación en cada región.” Esta indefinición podría terminar insertando a los agitadores sindicales que hoy paralizan la minería.
Para promover los derechos de las poblaciones minoritarias caracterizadas por una historia, cultura, identidad, organización social y política propia, anterior a los procesos de colonización y evitar su discriminación, la Organización de los Estados Americanos (OEA) planteó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales, promoviendo además su derecho a la auto identificación, que les permite decidir declararse o no integrantes de estos grupos Indígenas. En el Perú, la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) del Ministerio de Cultura, reconoce 55 pueblos en los Andes y la Amazonía, organizados en comunidades campesinas y nativas, identificando 48 lenguas. Según las publicaciones de 2020, estas poblaciones dispersas en los andes y la selva son 2’014,534 personas, representando el 6,9% de los peruanos.
El INEI, en el cuestionado censo de 2017, incluyó la pregunta: “Por sus costumbres y sus antepasados. ¿Usted se siente o considera?”. Las respuestas dieron lugar a un grupo indeterminado: “Población indígena u originaria de los Andes”, que parece aludir a un concepto de raza o ubicación geográfica y no a un colectivo étnico cultural con identidad y organización política propia. Los peruanos somos originarios de la costa 55.9%, sierra o andes 29,6% o la selva 14.5%. Además, 79,3% son poblaciones urbanas y 20,7% rurales, por lo que son inconsistentes los últimos datos de la BDPI que incrementan a 25.8% la población Indígena originaria.
En cualquier caso, discriminaría a 20 Pueblos en situación de Aislamiento voluntario que habitan las Zonas Protegidas de las Reservas Naturales y que no tienen contacto con la civilización desde finales del siglo XIX. También excluiría a pueblos originarios de la costa peruana, cuna de importantes civilizaciones. Otro tema por aclarar, en la disparatada composición para esta Asamblea, son esos 39 candidatos independientes, pero ese será tema de otro análisis.
Podemos sugerir par de preguntas para el referéndum: ¿Cree que Pedro Castillo, incapaz para gobernar, acusado por corrupción y mitómano recurrente, tiene las competencias para liderar una Nueva Constitución? ¿Cree que un gobierno que infiltra todo tipo de delincuentes en el aparato Estatal tiene autoridad moral para criticar la Constitución de 1993? Si de un referéndum se trata, la pregunta podría ser: ¿deberían renunciar Pedro Castillo y Dina Boluarte?
Mas bien deberíamos exigir la renovación de las autoridades del JNE, la ONPE y la RENIEC, reemplazando el sistema informático para el escrutinio, a fin de garantizar resultados electorales sin cuestionamientos en el proceso de elecciones de Alcaldes y Regidores de Octubre.
