La liberación de Majid Azizi, integrante de las Fuerzas Quds de Irán, deja al descubierto una preocupante situación entre el Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio de Justicia del Perú. Azizi, detenido en abril de 2024, acusado de conspiración para cometer actos terroristas en agravio del Estado peruano fue liberado con sus cómplices, planteando cuestionamientos sobre la integridad y capacidad de las instituciones responsables de salvaguardar la seguridad del país.
Majid Azizi, capturado en un operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP), está vinculado a la Fuerza Quds, rama de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán conocida por su participación en la organización y ejecución de actos terroristas a nivel global. Azizi, Walter Loja Vásquez y Ángelo Trucios León, conspiraban para asesinar a un ciudadano israelí en Cusco, atentados en APEC y su captura fue celebrada por la comunidad internacional por la eficacia de la PNP en la lucha contra el terrorismo. Pero, la liberación ordenada por la Primera Sala Penal de Apelaciones cuatro meses después de dictar prisión preventiva por 18 meses, resulta alarmante.
El Poder Judicial argumenta que no existen suficientes elementos de convicción para mantener la prisión preventiva, resultando dudoso ya que la PNP y agencias de inteligencia extranjera presentaron pruebas contundentes sobre las actividades terroristas de Azizi y sus cómplices. La decisión judicial parece ignorar la gravedad de los cargos, subestimando las consecuencias de liberar a peligrosos terroristas, dudas que implican a varias instituciones.
La participación de las Fuerzas Quds en actos de terrorismo en América Latina no son hechos aislados, la presencia de agentes iraníes ha sido documentada, con redes criminales y operaciones que van desde narcotráfico hasta sicariato, casos que ponen en peligro la estabilidad de toda la región. En 2014 Muhamad Ghaleb Hamdar, miembro de Hezbolá, fue detenido en Lima con explosivos y posteriormente absuelto por supuestos errores procesales. Los precedentes generan una peligrosa impunidad que alienta a terroristas, considerando al Perú y otros países terreno fértil para sus actividades.
La acción del Ministerio de Justicia, responsable del sistema penitenciario, sin examinar las decisiones judiciales, queda también en entredicho. La liberación de un presidiario de alta seguridad no puede llevase a cabo sin una revisión exhaustiva de antecedentes y riesgos asociados. Las decisiones del Poder Judicial ordenando la liberación de un terrorista debió ser revisada por el Ministerio de Justicia tomando precauciones.
La liberación de Majid Azizi, además de un golpe moral para las fuerzas de seguridad que lo capturaron, representa un riesgo inminente para la seguridad nacional. La posibilidad de que Azizi cruce la frontera con la vasta red de colaboradores de Irán en la región es preocupante. Este caso debe ser un llamado de atención para las autoridades peruanas y la comunidad internacional.
La situación se agrava con la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) a celebrarse en Perú en noviembre de 2024.
Con Majid Azizi libre y posiblemente activo, el riesgo durante un evento internacional de alto perfil es una amenaza que no puede ser ignorada. Es imperativo revisar las decisiones que llevaron a la liberación de Azizi, tomar medidas correctivas, y evitar repetir situaciones similares. La seguridad de la nación y la región dependen de la capacidad de sus instituciones para actuar con firmeza y sin interferencias externas en la lucha contra el terrorismo.
