El anuncio de la legalización de más de medio millón de inmigrantes por parte del Gobierno de Pedro Sánchez no es una política pública: es una operación de supervivencia política. Un acto cínico, burdo y profundamente irresponsable que desnuda la verdadera naturaleza del socialismo español contemporáneo: un proyecto agotado, sin ideas, sin escrúpulos y dispuesto a hipotecar el futuro de España con tal de arañar unos meses más en el poder.
El PSOE de Sánchez ya no gobierna; resiste como puede. Lo hace sostenido por una coalición de resentidos ideológicos: el comunismo reciclado de Podemos, el brazo político del entorno etarra representado por Bildu y el separatismo catalán de Junts per Catalunya. Todos unidos por un odio común a la España constitucional, a su historia, a sus tradiciones y a cualquier noción de unidad nacional.
La regularización masiva de más de 500 mil personas no responde a un plan de integración, ni a una estrategia económica, ni a una política migratoria seria. Responde a una sola lógica: fabricar votantes. Son 500 mil posibles apoyos electorales utilizados como moneda de cambio para retrasar lo inevitable: la debacle de un socialismo que ya no convence, no ilusiona y no representa a la mayoría de los españoles.
Conviene decirlo sin rodeos: instrumentalizar la inmigración es una forma de corrupción política. No se trata de solidaridad, se trata de cálculo. No se trata de derechos humanos, se trata de urnas. Sánchez y su entorno no ven personas; ven cifras, porcentajes, escaños. Esa es la obscenidad moral del sanchismo.
España siempre ha sido una nación abierta, pero jamás debería aceptar que la inmigración sea utilizada como un arma electoral. Legalizar en masa, sin exigir integración real, sin garantizar empleo digno, sin evaluar el impacto en servicios públicos ya saturados y sin un debate nacional honesto, es una temeridad histórica. Es sembrar conflicto social a medio plazo a cambio de réditos políticos inmediatos.
Este socialismo ha cruzado todas las líneas. Ha degradado las instituciones, ha dinamitado consensos básicos, ha normalizado pactos con enemigos declarados del Estado y ahora pretende alterar el equilibrio democrático mediante ingeniería demográfica. Todo vale cuando el objetivo es mantenerse en el poder.
La tragedia no es solo política, es moral. España está gobernada por una élite que desprecia su propia nación y que no cree en su futuro. Un socialismo que actúa como una enfermedad sistémica: invade, corrompe y debilita todo lo que toca, desde la convivencia social hasta la credibilidad del sistema democrático.
La legalización masiva no salvará al PSOE. Solo acelerará la reacción de una sociedad cada vez más consciente de que el problema ya no es una medida concreta, sino un modelo de poder tóxico.
Y los modelos tóxicos, antes o después, colapsan.
(*) Analista internacional
