Keiko Fujimori, presidenta constitucional del Perú, rompe el “maleficio” de sus tres intentos anteriores y, en su cuarta postulación, llega finalmente a Palacio de Gobierno. Un desenlace que, sin duda, provoca incomodidad entre la izquierda radical, el progresismo, los sectores caviares, quienes —desde esta perspectiva— han vivido durante años del Estado, así como entre los simpatizantes de organizaciones extremistas y quienes, según sus críticos, promueven una interpretación distorsionada de la historia nacional. La primera mujer elegida por voto popular para ejercer la Presidencia de la República despierta intensas pasiones, tanto a favor como en contra. Mientras unas voces cuestionan su llegada al poder, otras donde me incluyo representa el triunfo del sentido común.
Si a ello se suma un discurso inagural firme , una actitud astuta frente a los desafíos internacionales y un llamado a la reconciliación nacional , resulta evidente que la nueva mandataria intenta responder con hechos a las críticas que inevitablemente acompañan su figura. Keiko Fujimori parece estar moviendo sus piezas con prudencia: recorre el país, toma contacto directo con la ciudadanía y busca consolidar un respaldo popular que le será indispensable para afrontar, probablemente, la madre de todas las batallas durante el inicio de su gobierno: la obtención de facultades legislativas delegadas por el Congreso.
La posibilidad de legislar durante los próximos 120 días permitiría impulsar una profunda reforma del Estado. Entre las prioridades se encontrarían el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la prevención frente al fenómeno de El Niño, la modernización de la legislación laboral y tributaria, así como la digitalización de la administración pública. El objetivo sería reducir la burocracia, simplificar trámites y hacer más eficiente el aparato estatal, de manera que los recursos públicos puedan destinarse con mayor eficacia a infraestructura, educación, hospitales, postas médicas, programas de nutrición infantil y otros servicios esenciales, en lugar de sostener un Estado sobredimensionado e ineficiente.
Sin embargo, el gobierno de Fuerza Popular deberá hilar muy fino en su relación con un Congreso donde la Cámara de Diputados se encuentra bajo el control de una oposición que ya demostró capacidad de coordinación durante la elección de la Mesa Directiva. Esa mayoría podría convertirse en el principal obstáculo para las reformas estructurales planteadas durante el primer año de gestión. Aunque este aspecto todavía recibe poca atención en el debate público, será, probablemente, el factor que determine el rumbo político y económico del Perú durante el próximo quinquenio.
Así como Alberto Fujimori impulsó, a comienzos de la década de 1990, un profundo programa de reformas económicas que transformó el modelo económico peruano —un legado que continúa siendo objeto de intenso debate político e histórico—, Keiko Fujimori tendría ahora la oportunidad de impulsar una transformación institucional centrada en la modernización del Estado y la reducción de la burocracia. Si logra concretar ese objetivo, podría aspirar a dejar una huella política de largo plazo.
La oposición, consciente de la trascendencia de estas reformas, buscará impedirlas utilizando todas las herramientas políticas y parlamentarias a su alcance. En ese escenario, las próximas semanas permitirán medir la capacidad de articulación de las fuerzas de centroderecha y comprobar hasta qué punto la oposición mantiene la cohesión que ha mostrado hasta ahora. De ese equilibrio dependerá, en buena medida, si el gobierno logra convertir sus promesas de cambio en políticas concretas o si el país vuelve a quedar atrapado en el inmovilismo político que ha caracterizado los últimos años.
(*) ANALISTA INTERNACIONAL
