Al día siguiente del fallido intento de golpe de Estado perpetrado por el inefable Pedro Castillo, entonces presidente del Perú, las relaciones diplomáticas entre Lima y Ciudad de México entraron en una profunda crisis. En aquel momento, Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se apresuró a expresar su respaldo político y moral al destituido mandatario peruano, alegando que había sido víctima de una persecución. Detrás de ese gesto, sin embargo, se reveló la verdadera naturaleza de la política exterior mexicana bajo el sello de Morena: una diplomacia regida más por la afinidad ideológica que por el respeto al derecho internacional.
Para López Obrador, heredero de una izquierda populista y asistemática, la amistad entre los países se mide por la cercanía política. Si un gobierno es progresista o de izquierda, se le considera aliado; si se encuentra en la acera opuesta, se le trata como enemigo. No importan las razones, ni la legalidad de los hechos, ni las normas que rigen las relaciones internacionales: todo se filtra por el tamiz de la ideología. Esa misma lógica se vio reflejada en el caso del Ecuador, cuando México otorgó asilo al exvicepresidente Jorge Glas, condenado por corrupción durante el gobierno del también prófugo Rafael Correa, hoy asilado en Bélgica.
El cambio de mando en México no trajo variaciones sustanciales. Como advertimos en columnas anteriores, la actual presidenta Claudia Sheinbaum, discípula política y heredera directa de López Obrador, mantiene intacta su visión del mundo. Formada en los círculos de la izquierda latinoamericana y con una inclinación tecnocrática que encubre un radicalismo bien estructurado, Sheinbaum asume sin matices la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, con sus postulados globalistas, identitarios y ambientalistas, que sirven de marco doctrinario para justificar la expansión de la influencia progresista mexicana en la región.
El mensaje es claro: si eres de izquierda, incluso si enfrentas acusaciones por delitos de corrupción, conspiración o rebelión, México te abre sus puertas. Lo hizo con Lilia Paredes, esposa de Pedro Castillo, asilada en 2022 junto a sus hijos, con apoyo económico del Estado mexicano. Y lo ha vuelto a hacer con Betsy Chávez, ex primera ministra peruana procesada por los delitos de rebelión y conspiración durante el intento de autogolpe de diciembre de 2022.
La concesión de asilo a Chávez constituye una afrenta directa al Estado peruano y una violación del principio de no intervención consagrado en la Carta de la ONU y en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. México sabe perfectamente que la ex primera ministra enfrenta un proceso judicial legítimo, público y con garantías. Al darle refugio político, el gobierno mexicano no solo interfiere en los asuntos internos del Perú, sino que se convierte en cómplice moral de un intento de ruptura del orden constitucional.
La respuesta del gobierno peruano —la ruptura de relaciones diplomáticas— no es, por tanto, un arrebato ni una sobrerreacción. Es la consecuencia lógica de una política exterior mexicana que confunde la solidaridad ideológica con la diplomacia responsable.
El caso Perú-México es un espejo de la crisis diplomática latinoamericana: los gobiernos ya no dialogan desde el derecho ni la cooperación, sino desde el alineamiento ideológico. Las cancillerías se han vuelto trincheras políticas, y los embajadores, activistas disfrazados de diplomáticos.
América Latina no necesita más ideología; necesita diplomacia, respeto y sentido de Estado. Pero mientras en el Palacio Nacional de México sigan confundiendo el asilo con la impunidad, y la solidaridad con la injerencia, las relaciones con países democráticos seguirán deteriorándose.
Hoy, entre Perú y México, hay demasiada ideología y muy poca diplomacia. Y en esa ecuación, quien pierde no es un gobierno: pierde toda América Latina.
(*) Analista Internacional
