El 1 de junio de 1956, Fernando Belaunde Terry tomó una bandera peruana y salió a las calles para defender un principio elemental: el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos. Las autoridades electorales de la época habían intentado impedir la inscripción de su candidatura presidencial. Belaunde pudo haber negociado, pudo haber guardado silencio o pudo haber esperado. Hizo exactamente lo contrario. Marchó hacia La Merced y desafió al poder de turno.
La historia recuerda la sangre en la frente de Belaunde. Pero lo realmente importante fue otra cosa: el sistema retrocedió. Y retrocedió porque en aquella época, incluso cuando existían abusos, arbitrariedades o decisiones injustas, las instituciones todavía tenían la capacidad de avergonzarse cuando eran descubiertas. Los funcionarios sabían que existían límites.
Los políticos entendían que el escándalo tenía consecuencias. La opinión pública aún era capaz de generar rectificaciones. Hoy vivimos exactamente lo contrario. Las denuncias ya no producen vergüenza. Los escándalos ya no generan renuncias. Los cuestionamientos ya no impiden candidaturas.
Lo que antes terminaba una carrera política hoy parece convertirse en un mérito curricular. Vivimos la era de la impunidad moral. Funcionarios cuestionados permanecen en sus cargos como si nada hubiera ocurrido. Autoridades desmentidas continúan dando lecciones de ética.
Políticos que hace algunos años habrían desaparecido de la vida pública hoy vuelven a presentarse a elecciones sin el menor rubor. No porque hayan demostrado su inocencia. No porque hayan reivindicado su conducta. Simplemente porque han perdido la capacidad de sentir vergüenza. La diferencia entre el Perú de Belaunde y el Perú actual no radica únicamente en la calidad de sus instituciones. Radica también en la calidad de sus dirigentes.
Antes, cuando un exceso era descubierto, la presión ciudadana obligaba a corregir. Hoy, cuando un exceso es descubierto, la estrategia consiste en negar, victimizarse, atacar al denunciante o esperar que llegue el siguiente escándalo para que el anterior sea olvidado. El Ultimátum de La Merced fue mucho más que una marcha. Fue una lección de ciudadanía. Fue la demostración de que el poder puede ser enfrentado cuando la razón está de lado de los ciudadanos.
Quizá por eso sigue siendo tan vigente. Porque el problema del Perú nunca ha sido únicamente la existencia de abusos. Los abusos han existido siempre.
El verdadero problema aparece cuando quienes los cometen dejan de sentir la obligación de dar explicaciones. Cuando la vergüenza desaparece de la política, la democracia empieza a enfermarse. Y cuando los ciudadanos dejan de indignarse, la enfermedad se vuelve crónica.
Por eso conviene recordar a Belaunde caminando con la bandera en alto por las calles de Lima. No para vivir del recuerdo, sino para entender que hubo una época en la que la presión ciudadana obligaba al poder a rectificarse. Hoy, más que nunca, el Perú necesita recuperar esa capacidad de indignarse. Porque una democracia puede sobrevivir a los errores, pero difícilmente sobrevive cuando sus dirigentes pierden por completo la vergüenza.
(*) Abogado y político
