En un país donde la criminalidad muta más rápido que la capacidad de respuesta del Estado, seguir enfrentando el delito con estructuras desarticuladas es, simplemente, rendirse. La extorsión —hoy uno de los flagelos más extendidos— no solo vacía bolsillos: roba tranquilidad, paraliza emprendimientos y somete a miles de ciudadanos al miedo cotidiano.

Frente a ello, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha dado un paso firme con la creación de la Ley 1735, que establece un subsistema especializado contra la extorsión. No es una norma más: es una herramienta de articulación real entre jueces, fiscales, policías y defensores públicos, diseñada para responder con eficacia donde antes había dispersión.

La clave está en la especialización y en la coordinación. Por años, el sistema penal ha operado como compartimentos estancos; hoy se apuesta por un modelo integrado, con operadores capacitados y con una mirada clara: la víctima en el centro.

Este impulso, liderado por el ministro Luis Jiménez Borra, no se agota en la lucha contra la extorsión. Responde a una visión más amplia de reforma del sistema de justicia penal. Y en ese camino, hay un frente impostergable: el hacinamiento penitenciario.

El Perú no puede seguir ignorando que sus cárceles, lejos de rehabilitar, muchas veces reproducen y agravan la criminalidad. Por ello, las acciones orientadas al deshacinamiento no son concesiones, sino decisiones de política criminal inteligente. Un sistema penitenciario colapsado es un sistema que fracasa.

Los resultados de este trabajo no serán inmediatos, pero serán visibles. Pronto empezará a evidenciarse el impacto de una gestión que entiende que la seguridad no se construye solo con más cárceles, sino con un sistema que funcione de manera integral: prevención, sanción efectiva y condiciones dignas de cumplimiento de la pena.

Declararle la guerra a la extorsión implica mucho más que discursos. Implica estrategia, coordinación y decisiones firmes. Y en esa línea, el Minjus parece haber entendido algo fundamental: sin orden en el sistema, no hay justicia posible; y sin justicia, la seguridad es solo una promesa vacía.

(*) Abogado y político