Carlomagno Chacón

Este año el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cumple 200 años de existencia. Dos siglos de historia acompañando la construcción de la República, defendiendo el Estado de Derecho y enfrentando los desafíos más complejos de nuestro sistema jurídico. Y precisamente en este año simbólico, se ha dado un paso que merece ser destacado: la aprobación del Plan de Deshacinamiento Penitenciario 2026-2028, una verdadera hoja de ruta destinada a enfrentar uno de los problemas más graves y menos visibles del país.

Hablar de cárceles no suele ser políticamente rentable. Seamos sinceros. Pocos ganan votos defendiendo mejores condiciones para las personas privadas de libertad. La inseguridad ciudadana ha generado una comprensible indignación en la población, y muchas veces cualquier propuesta vinculada al sistema penitenciario es recibida con recelo. Sin embargo, gobernar implica tomar decisiones responsables y no únicamente aquellas que generan aplausos inmediatos.

El hacinamiento penitenciario no es un problema de los presos; es un problema de toda la sociedad. Un penal sobrepoblado se convierte en una escuela del crimen, en un espacio donde las organizaciones criminales reclutan, coordinan y fortalecen sus estructuras. Cuando el Estado pierde el control de las cárceles, termina perdiendo una parte importante de la lucha contra la delincuencia.

El propio Tribunal Constitucional declaró hace algunos años un estado de cosas inconstitucional respecto al sistema penitenciario peruano. La realidad era evidente: establecimientos penitenciarios diseñados para una cantidad determinada de internos albergando cifras muy superiores, infraestructura insuficiente, servicios limitados y enormes dificultades para cumplir adecuadamente los objetivos de rehabilitación y reinserción social.

En ese contexto, la reciente aprobación del Plan de Deshacinamiento Penitenciario representa una respuesta seria y técnica. No se trata únicamente de construir más penales. Se trata de mejorar la gestión penitenciaria, fortalecer los mecanismos de reinserción, optimizar la infraestructura existente y garantizar que el Estado recupere plenamente el control de los establecimientos penitenciarios.

El célebre escritor ruso Fiódor Dostoyevski, quien conoció la prisión desde dentro y plasmó esa experiencia en su obra Memorias de la casa de los muertos, dejó una reflexión que mantiene plena vigencia: “El grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos”.

La frase no es una invitación a la impunidad. Todo lo contrario. Es un recordatorio de que una sociedad verdaderamente civilizada es aquella que es capaz de sancionar con firmeza, pero también con humanidad. El respeto a la dignidad humana no termina en la puerta de una prisión.

Ver con humanidad a las personas privadas de libertad no significa ignorar el daño que pudieron causar. Significa comprender que un sistema penitenciario eficiente requiere orden, control, disciplina y también oportunidades reales de rehabilitación. Un interno que sale de prisión sin herramientas para reinsertarse tiene muchas más probabilidades de reincidir. Y cuando eso ocurre, la víctima potencial es la sociedad entera.

Por ello, el deshacinamiento penitenciario no debe entenderse como una política a favor de los delincuentes, sino como una política a favor de la seguridad ciudadana. Un sistema penitenciario moderno, controlado y humanizado permite reducir la reincidencia, mejorar la inteligencia penitenciaria y combatir con mayor eficacia a las organizaciones criminales.

A doscientos años de la creación del Ministerio de Justicia, quizás sea momento de recordar que la justicia no se mide únicamente por la severidad de las condenas, sino también por la capacidad del Estado para garantizar que estas se cumplan dentro de los límites de la ley, el respeto a la dignidad humana y la búsqueda de una verdadera reinserción social.

Mención especial merece el trabajo realizado por los equipos técnicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). En tiempos en que resulta más sencillo ignorar el problema que enfrentarlo, cientos de profesionales han dedicado horas de esfuerzo, análisis y coordinación para construir una política pública orientada a recuperar el control del sistema penitenciario y hacerlo más eficiente. Su labor silenciosa, muchas veces alejada de los titulares, constituye una contribución fundamental para la seguridad ciudadana y para la vigencia de los derechos humanos en nuestro país.

Porque al final, la calidad de una democracia también se refleja en cómo trata a quienes se encuentran bajo su custodia. Y en el año de su Bicentenario, el MINJUSDH nos recuerda que la justicia no solo se ejerce en los tribunales, sino también en la forma en que una sociedad decide mirar a quienes muchos prefieren olvidar. Felicitaciones a los equipos del MINJUSDH y del INPE por asumir ese desafío con profesionalismo, convicción y compromiso con el Perú.