La actual corriente antiminera repite una y otra vez mentiras, en diversos puntos del país donde se ataca la minería formal y proyectos paralizados, para justificar su agenda. Veamos algunas de ellas.

“Agro sí, mina no”

Lamentablemente sostenida durante mucho tiempo y poco rebatida desde los estamentos gubernamentales y el sector privado. Con el paso de los años y como es lógico, la minería y la agricultura han encontrado niveles adecuados de compatibilidad, y pretender sostener un discurso excluyente no es real, sino más bien manipulador, ocultando intereses de otra índole.

“No hay licencia social”

Este es un concepto introducido de la experiencia canadiense a inicios de los años 2000, pero no tiene un asidero legal en nuestro país. El problema es que, significando aceptación y conformidad para las partes involucradas en el contexto del mundo anglosajón, acá el término ha sido contrabandeado para construir un paralelo a la facultad de Estado de otorgar permisos, licencias y autorizaciones.

En medio de la hábil narrativa que trata de consolidar los hechos consumados, los antimineros la siguen reclamando. El que tiene el dominio de los recursos naturales y los otorga en concesión es el Estado peruano, y este representan a todos los peruanos. Así que también es mentira que son recursos de las comunidades o localidades.

“La mina consume toda el agua”

Recordemos que, de acuerdo a la demanda y uso de agua, actualmente la agricultura representa el 88%, el poblacional 8,9%, la minería 1.04%, la industria 0,96%, el pecuario 0.19%, el recreativo 0.09% y el turísticos 0%.

Algunos claros ejemplos de complementariedad y desarrollo compartido en relación al agua y el agro hoy: La presa de Cularhuajira (Camilaca, Candarave, Tacna), con contribución de Southern Perú; la presa Pillones en Arequipa (San juan de chuca, Caylloma, Arequipa) construida por Cerro Verde; la presa de Chonta (Cajamarca) construida por Yanacocha; Planta de tratamiento Miguel de la cuba Ibarra, sistema de tratamiento La Enlozada y construcción de sistemas de riego, bocatomas y captaciones, que es un gran avance gracias a Cerro Verde. Todos estos proyectos benefician a cientos de miles de personas directamente y su impacto se magnifica positivamente en todo el país.

“Modelo de desarrollo sin minería”

No existe un modelo sustentado en un estudio o política pública local. La narrativa oculta la persistencia de un modus operandi de ciertos grupos cuyas cabezas se han beneficiado de mantener el control sobre autoridades y parte de la población, desatando la hostilidad contra todo los que signifique inversión privada minera, pero que no dicen y hacen nada contra la minería ilegal, esa actividad que contamina, mata y se ha convertido en terrorismo de nueva cara.

“El pueblo decidió en la consulta”

A todas luces ilegales e impuestas por la vía de los hechos, usan el mecanismo local de consulta vecinal en asuntos municipales. En ellas los vecinos y pobladores no han ejercido su libertad informada; todo se maneja en una campaña del miedo y la subordinación, con mentiras y tergiversación de la realidad. En todas las consultas realizadas no había desarrollo de proyecto, no existía impacto ambiental alguno, y no se permitió el acceso a la información.

Además, atentan contra el bloque de constitucionalidad del Estado. Es decir, la coherencia y respeto a las normas y competencias. Una consulta vecinal no puede colisionar con el mandato constitucional, en este caso, las propias competencias municipales y el artículo 66 de nuestra Constitución Política.