Carlos Linares Huaringa
Twitter: @carloslinaresh
Un grupo armado con chicotes secuestró la semana pasada a periodistas que investigaban, en la Sierra del país, denuncias vinculadas a la familia del Jefe de Estado y los obligó a leer un comunicado en vivo a nivel nacional a cambio de su libertad.
El acto de secuestro y extorsión descrito -que nos hace recordar la época del terrorismo- ha ocurrido en la localidad de Chadín, en la provincia cajamarquina de Chota, de donde proviene Pedro Castillo, y ha sido perpetrado por un grupo de ronderos de la zona que, a todas luces, ha decidido actuar como grupo parapolicial subordinado a los intereses particulares del presidente.
Para confirmar esto último solo basta ver cuáles fueron las exigencias de los secuestradores a los hombres de prensa: pedir disculpas en televisión nacional por un reportaje sobre el presunto tráfico de influencias que involucra a la cuñada del Jefe de Estado y a la Primera Dama, y comprometerse «a no hacer daño al gobierno central y a sus familiares».
Los ronderos secuestradores arguyen que el enlace en vivo solo buscaba verificar la identidad de los periodistas y que su “retención” era por un tema de seguridad en su localidad.
Sin embargo, los dos puntos exigidos mediante coacción no tienen relación con la justificación esgrimida tras el escándalo, ya que solo buscaban un móvil político: beneficiar la desprestigiada imagen del mandatario.
Este comportamiento muestra a los perpetradores del delito como una guardia particular de matones dispuestos a amedrentar con tal de silenciar o revertir temas incómodos al gobernante.
Esta actitud también nos da un dato revelador: que dicho colectivo se ve a sí mismo con la capacidad de reemplazar funciones de la Fiscalía y Poder Judicial, al concluir -por su absoluta discrecionalidad- que no existe algo irregular en los casos de presunta corrupción en el entorno presidencial.
Este delictivo accionar debe entenderse como el primer zarpazo de un grupo que aprovecha el ropaje que les da ser integrantes de las rondas campesinas para actuar al margen de la ley.
Y lo hacen mostrando una preocupante confianza en la futura impunidad de sus actos.
Por ello es necesario aplicar todo el peso de la ley para cortar de raíz estas peligrosas acciones. Lo visto la semana pasada es una muestra a escala de lo que ocurrirá más adelante si no se adoptan severas medidas contra los responsables.
El derecho consuetudinario no puede violar los derechos fundamentales de la persona. Y el artículo 152 del Código Penal establece que “será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 ni mayor de 30 años el que, sin derecho, motivo ni facultad justificada, priva a otro de su libertad personal, cualquiera sea el móvil, el propósito, la modalidad o circunstancia o tiempo que el agraviado sufra la privación o restricción de su libertad”.
La Fiscalía ha iniciado una investigación y los secuestradores deben ser identificados y sancionados. De lo que se haga hoy dependerá lo que padecerá la prensa y el país el día de mañana.
