El falso y victimista discurso lanzado por los defensores de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en contra de la decisión del Congreso, de investigar a sus cuestionados miembros, solo puede considerarse como una forma edulcorada de buscar impunidad.
En la práctica, pretenden blindar a los integrantes de un organismo que resulta clave para los intereses del sector caviar de nuestro país. Buscan que la JNJ, creada por Martín Vizcarra, pueda actuar al margen de cualquier control, lo que resulta peligroso en un sistema democrático.
No les importa si vulneraron la Constitución y las leyes. Simplemente exigen que cualquier indagación se deseche. El argumento: el bajo nivel de aprobación del Parlamento. Denuncian una vulneración del orden constitucional y un abuso congresal, cuando investigarlos es una de sus prerrogativas.
Es decir, se zurran en la Carta Magna usando un argumento falaz que permita a la JNJ actuar como una isla dentro del Estado. Y hay quienes se compran ese discurso barato.
Pero lo real es que el artículo 99, que regula la figura de la acusación constitucional, señala a los integrantes de la Junta entre los funcionarios a los que el Parlamento puede acusar constitucionalmente, ya sea por infracción constitucional o por la comisión de delitos.
Y el artículo 157 establece la facultad del Poder Legislativo de investigar y sancionar a la JNJ y a sus miembros, supeditada a la causal de “falta grave”, la misma que es analizada de forma específica en cada situación.
Para que prospere la eventual sanción se requiere de dos tercios del número legal de congresistas, es decir, 87 votos. Una votación tan elevada -en un Congreso fragmentado- busca actuar como filtro al momento de analizar cada caso.
Sin embargo, como siempre ocurre cuando la caviarada local chilla, sus primos ideológicos hacen eco en el exterior.
En esta oportunidad, la ofensiva internacional contó con la participación de un funcionario de tercer nivel del sistema interamericano, que buscó dar legitimidad al falso argumento de que el Parlamento no puede investigar a la JNJ.
A ello se suma el comunicado conjunto emitido por embajadas de ocho países (Australia, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Italia, México, Francia y Reino Unido) en el que buscan dar un espaldarazo a la JNJ pidiendo “independencia de instituciones”, cuando la única vulneración a la independencia y autonomía es este inaceptable acto de presión a uno de los poderes del Estado.
Evidentemente, estos pronunciamientos fueron amplificados por los voceros mediáticos del sector caviar peruano, pero la realidad es que estos hechos no solo constituyen una inaceptable intromisión, sino una maniobra política basada en mentiras.
