Carlos Linares Huaringa
Twitter: @carloslinaresh
No debe existir pasividad ante el delito ni impunidad para sus perpetradores. Esta es una premisa básica en cualquier estado de derecho. Y eso es lo que se espera ante la violación de los derechos humanos perpetrada por miembros de las rondas campesinas en las localidades de Chadín (Cajamarca) y Pataz (La Libertad).
En los últimos días, el país fue testigo de dos hechos de suma gravedad: el secuestro, robo y extorsión del que fueron víctimas periodistas de ‘Cuarto Poder’ en Chota, y el secuestro y tortura de ocho mujeres en Pataz acusadas de hechicería.
En el primer caso, el colectivo ronderil, mostrando un claro tinte político, decidió actuar como una banda de matones con el objetivo de amedrentar a hombres de prensa que investigan los clamorosos tintes de corrupción del entorno del presidente Pedro Castillo.
En el otro, diversos videos y testimonios muestran cómo torturaron a las féminas colgándolas de los pies, metiéndolas al agua, diciéndoles que las van a quemar y desaparecer.
Ambos hechos delictivos fueron perpetrados por ronderos que, conscientemente, decidieron actuar fuera de la ley. Se trata de personajes con una distorsionada visión de la legalidad, que no respetan la Constitución y que consideran una zona liberada el espacio donde se desenvuelven.
Sin embargo, la debilidad y cobardía de las autoridades permite que, pese a la sucesión criminal de hechos, hasta el momento no haya un solo detenido.
En Cajamarca, la liberación de las víctimas procedió luego que los periodistas cedieran al chantaje de disculparse en vivo por investigar al gobierno; mientras que en La Libertad, el presidente de las rondas del distrito, Manuel Quijano, tuvo el desparpajo de señalar que la liberación solo procedería luego que los familiares retiraran las denuncias por secuestro.
Es decir, son conscientes de los delitos que cometen, pero saben que la impunidad los acompaña.
Es necesario recordar que la Corte Suprema emitió el Acuerdo Plenario 01-2009 en el que señala, al margen del derecho consuetudinario que ampara a la justicia ronderil, las conductas que atentan contra el contenido esencial de los derechos fundamentales:
(I) las privaciones de libertad sin causa y motivo razonable –plenamente arbitrarias y al margen del control típicamente ronderil.
(II) las agresiones irrazonables o injustificadas a las personas cuando son intervenidas o detenidas por los ronderos.
(III) la violencia, amenazas o humillaciones para que declaren en uno u otro sentido.
(IV) los juzgamientos sin un mínimo de posibilidades para ejercer la defensa –lo que equivale, prácticamente, a un linchamiento.
(VI) la aplicación de sanciones no conminadas por el derecho consuetudinario.
(VII) las penas de violencia física extrema –tales como lesiones graves, mutilaciones- entre otras”.
Basta de eufemismos. Estamos ante personajes dispuestos a zurrarse en la Constitución y las leyes (Código Penal), listos para amenazar con chicotes y machetes a ciudadanos y autoridades, con tal de mantener la impunidad de sus delitos.
Dejemos de romantizar el primitivismo, de legitimar actos criminales, y de ser condescendientes ante la violencia.
Por ello debe repudiarse la posición asumida por voceros del gobierno y convenidos representantes de la izquierda que solo buscan justificar la sucesión de delitos perpetrados. Basta de ronderos criminales.
