César David Gallo Lale
Alguien tiene que decir ¡Ya está bueno, hasta cuando!, ¿Quién controla a las Oficinas no Gubernamentales (ONGs) en el Perú? Las mismas que reciben miles de millones de Dólares sin control e información financiera por parte del estado peruano, pues casi nada se puede supervisar, ya que están amparados por una Sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del 2007 que los faculta a no rendir cuenta alguna de sus capitales y el origen de los mismos, ya que sus fondos están conformados por aportes de dinero privados e incluso quien sabe, si provienen de organizaciones delictivas.
Está comprobado además que muchas de ellas están vinculadas directamente a organizaciones caviares y comunistas que arremeten contra las Fuerzas del Orden (FFAA y PNP), contra Políticos que son incómodos a sus intereses, contra la Minería, Agricultura, Pesquería etc. que, como sabemos, son parte de los principales recursos de la economía del país y con el agravante que además se desviven por brindar sus consultorías al estado.
Peor aún, por intermedio de varias de ellas se ha promovido el ingreso de migrantes extranjeros incluyendo su capacitación con sesgo político a la ideología comunista del Siglo XXI, promoviendo así, el terrorismo y todo tipo de protestas violentas que han venido menoscabando la tranquilidad y seguridad social hasta el límite en donde nos encontramos hoy, una criminalidad galopante y estados de emergencia perennes en diferentes distritos y regiones del país.
Aparte de lo expresado, tratan también de involucrarse en la educación peruana desde el 2017 en que el estado peruano publicó el nuevo currículo de la educación básica para el país, donde se contempla a partir de ese año, el panorama transversal, es decir el enfoque de género obligatorio tanto para las escuelas públicas como para las privadas, laicas y religiosas.
Es así que la ONG “Plan Internacional”, quizás la más grande del mundo que maneja billones de dólares, con una estrategia soterrada establece un Convenio Marco con el Perú a partir del 2019-2021 y convenios específicos en adelante, en que el Poder Judicial le da sentencia a su favor, en contra de las protestas de un Grupo de Padres Peruanos en Acción, que habían protestado la injerencia de esta ONG, por violación ética y moral. Es entonces que se firma con el estado peruano lo que hoy es llamado el famoso convenio (ESI), que es nada menos que la Educación Sexual Integral.
O el Minedu no se da cuenta que, como el convenio es gratis, está entregando sin precio alguno toda la educación de nuestros niños y juventud a una ONG, que lo único que está haciendo es Promover el Programa de las Naciones Unidas (ONU) Agenda 2030, Objetivo 5, que expresa en el logo de su manual para docentes de la educación lo siguiente “Al Igual que el Género, la Sexualidad “No” está Definida Biológicamente, esta se construye a lo largo de toda la vida”. Nos preguntamos entonces, ¿En qué contribuye esto con la educación de la sociedad y familia peruana?, en nada, al contrario, están destruyendo los valores de nuestra niñez y juventud que son el futuro del Perú.
Según estadísticas, en la actualidad se estima que en el Perú se realizan 371,420 abortos clandestinos por año; es decir, más de 1000 abortos al día, suma que ya es alarmante y va en aumento gracias al derecho sexual que concientiza cada vez más a la juventud peruana. Si a este problema sumamos aquellos ya descritos inicialmente que causan muchas de estas ONGs, nos preguntamos si sería conveniente que el Congreso de la República, apruebe una Comisión Especial encargada de analizar la legislación relacionada a la actuación de los Organismos no Gubernamentales en el país de manera tal que así tengan fondos de origen privado, no puedan actuar en contra de los Derechos Fundamentales, de la Seguridad Nacional y la Soberanía de nuestra nación como Estado Constitucional de Derecho.
Señores congresistas recuperemos ya “el orgullo de ser peruanos” y hagamos respetar nuestros derechos de ser una nación libre y soberana.
(*) Teniente general FAP en retiro.
