¡Es inaceptable! Lo que viene sucediendo en el Sistema Judicial, sobre todo si se supone que estamos en un Estado Constitucional, donde el Poder Judicial y el Ministerio Público deberían ser verdaderamente independientes y actuar con equidad y justicia igual para todos los peruanos.
¡Pero no! Estos organismos, han sido sometidos en forma gradual, por los comunistas y caviares infiltrados, a sus deseos y antojos de sus intereses y a los del Comunismo del Siglo XXI, con todas las implicancias que trae el favoritismo a bandas delincuenciales que han ido comprando con diferentes tipos de prebendas y ahora tienen en sus manos a muchos jueces y fiscales que delinquen como les da la gana contra la verdadera justicia y lo que es peor, a favor de los delincuentes y hasta en contra de las entidades estatales, incluyendo a los funcionarios y responsables del congreso de la república a quienes no respetan como manda la constitución y las leyes, sin pensar en la sociedad y menos en los intereses del presente y futuro del Perú.
Así vemos de todo, desde la intromisión en nuestro Sistema Judicial del Instituto de Defensa Legal (IDL), que es una organización Civil que fue creada con fondos extranjeros a través de ONGs, para promover y defender los derechos humanos, la democracia, la paz en el Perú y en América Latina y que hoy no defienden nada, sino solo sus intereses particulares e intereses internacionales con la finalidad de destruir al estado nación del país sin ningún escrúpulo. Como ejemplo podemos nombrar los lesivos casos para el Perú de la firma Brasilera Odebrecht.
Además de lo anterior, ahora podemos observar como un tipo ruin de la talla de Andrés Hurtado Grados, ha podido llegar a tanto con tanta gente de lo que representa el poder judicial, el ministerio público, entidades del estado, incluyendo a jueces, fiscales, entidades militares, policiales, servicio de inteligencia, presidentes de la república, presidentes de región, alcaldes etc., hoy en día todos involucrados en una serie de delitos, utilizando para esto, el tráfico de influencias sobre una serie de autoridades y funcionarios públicos para obtener poder y una serie de beneficios económicos a través de diferentes dádivas que otorgaba a pedido de dichos representantes del estado. Es decir, con su trato insano, llegó a corromper todos los niveles de la organización pública en delitos como lavado de activos, minería ilegal, tráfico de influencias entre muchos otros, y hoy vemos con estupor, el sometimiento y corrupción de toda la institucionalidad de la nación, la tolerancia y asociación con la delincuencia y el contubernio del poder judicial, procuraduría y la fiscalía. A esto debemos agregar que la Fiscalía mantiene procesos de investigación sin concluir por hasta 10 años y el Poder Judicial procesos abiertos sin sentencia, por más de 20años, sumado a la sectaria y parcial Junta Nacional de Justicia.
Por eso es que con mucha razón la gente se pregunta ahora, ¡Qué se puede hacer ante esta degradación del sistema judicial que afecta al país!, y que pone al Perú en un estado que se está convirtiendo en un país inelegible para los inversores nacionales e internacionales, con lo cual además se logrará lo que promueven los comunistas y caviares para desestabilizar el estado de derecho y lo que todavía queda de la poca democracia existente en el país, con el agravante del fraude que se viene gestando para las próximas elecciones del 2026.
Es necesario entonces con carácter de urgencia que se formule la estructura de un nuevo Sistema Judicial del Perú, con una Comisión de Juristas Notables seleccionados por su trayectoria de vida y conducta en la rama jurídica del poder judicial y ministerio público, como Ernesto Blume, Fernán Altuve, Gladys Echáis, Francisco Tudela, Javier Villa Stein, Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea por nombrar a algunos.
(*) Teniente general FAP en retiro
