Oscuro y sombrío es el proceso electoral que se nos viene. A menos de un mes de las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026, el sistema electoral peruano enfrenta fundadas y serias dudas sobre su transparencia y legitimidad. Con más de 10,257 candidatos postulando al Congreso bicameral (Cámara de Diputados y Senado), según estimaciones basadas en datos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y reportes periodísticos, el panorama incluye más de mil postulantes (alrededor del 10%) con antecedentes e inscripciones dolosas que han sido aceptadas por el JNE sin las exclusiones masivas correspondientes.
Reportes de medios como Infobae y Panamericana informan que diversos candidatos, incluyendo presidenciales, senadores, diputados y aspirantes al Parlamento Andino, declararon sentencias penales firmes por delitos como corrupción, peculado, violencia familiar, hurto, estafa y otros. Actualizaciones posteriores elevan a cientos los casos con algún tipo de sentencia judicial (civil o penal), sumando alrededor de 485 en listas congresales y andinas, según distintos análisis.
A esto se agregan expedientes por omisiones, falsedades e inconsistencias en las hojas de vida presentadas en “Declara+”. El JNE y los Jurados Electorales Especiales han procesado cientos de casos (por ejemplo, más de 349 en Diputados y 182 en Senado solo en Lima Centro 1), principalmente por no declarar sentencias penales firmes u otros datos relevantes. Aunque muchas observaciones derivan en multas o subsanaciones, pocas han resultado en exclusiones definitivas, pese a la Ley 32058, que prioriza la exclusión por omisión de condenas penales.
Finalmente, persiste una manifiesta oscuridad respecto a los mecanismos de verificación en mesa. La ONPE no entregará copia del padrón de mesa junto al acta de votación para que los miembros de mesa verifiquen la concordancia entre votos registrados y votantes presentes, una práctica que ya impidió validar denuncias de fraude en 2021. En aquellas elecciones, partidos como Renovación Popular y Fuerza Popular cuestionaron irregularidades en actas y padrones, sin acceso pleno a los originales por parte de las FF.AA. o de veedores independientes, lo que evidenció la opacidad del JNE, la ONPE y el RENIEC tanto en los resultados de la primera como de la segunda vuelta electoral.
Todos estos elementos combinados, candidatos con antecedentes judiciales o irregularidades registradas, historial de controversias académicas vinculadas a figuras políticas y limitaciones en los controles postvotación, plantean interrogantes serios: ¿puede garantizarse un proceso limpio y confiable? El JNE sostiene que solo excluye por impedimentos constitucionales graves y que el voto informado es clave. Sin embargo, para cualquier observador imparcial, la acumulación de falencias erosiona la confianza ciudadana y abre la puerta a riesgos de manipulación o defraudación, reviviendo temores de fraude similares a los denunciados en 2021.
El electorado decidirá el 12 de abril, pero la “tramparencia” será una realidad si no existe una fiscalización rigurosa hasta el último día y una vigilancia activa de la sociedad civil que impida que el fraude en curso llegue a concretarse. La democracia peruana se juega no solo en las urnas, sino en la credibilidad y fiabilidad de todo el sistema electoral; y este, por lo expuesto, no otorga garantía alguna.
Si la informalidad y la impunidad cubren a cerca del 70% del Perú, ¿qué impediría elecciones con resultados igualmente informales?
Amanecerá y veremos.
¡Estamos advertidos!
¡Fraude electoral nunca más en el Perú!
(*) Teniente General FAP en retiro
