Cuando la perversión política bloquea las necesidades del Estado para enfrentar la delincuencia que azota al Perú, resulta indignante comprobar que, además, el fenómeno de «El Niño extremo» amenaza con provocar estragos devastadores en distintas regiones, con posibles consecuencias para todo el territorio nacional.
El país exige a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas esfuerzos extraordinarios para combatir la criminalidad y atender a las poblaciones afectadas por los fenómenos naturales. Sin embargo, continúan los cuestionamientos parlamentarios contra las fuerzas del orden. Pareciera que determinados sectores políticos anteponen sus intereses a las necesidades reales de los peruanos.
El Poder Judicial, presidido por Janet Tello Gilardi, enfrenta una pesada carga procesal y una profunda desconfianza ciudadana. Para recuperar la credibilidad, necesita garantizar una justicia independiente e imparcial, sin privilegios ni influencias ideológicas o políticas que comprometan el cumplimiento de la ley.
Por su parte, el Ministerio Público atraviesa tensiones y cambios bajo la gestión del fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez. La posible desactivación de equipos especiales, la reorganización de áreas de lavado de activos, los cambios de personal y las limitaciones presupuestarias constituyen asuntos que requieren decisiones responsables. Ambas instituciones necesitan reformas profundas que aseguren su independencia y eficacia. Nadie debe estar por encima de la ley.
Asimismo, las actuaciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) han generado controversias. Los cuestionamientos relacionados con las elecciones de 2026, incluidos los aspectos logísticos, la instalación de mesas, las actas, el conteo de votos y la difusión de resultados, deben investigarse con transparencia, pruebas y rigor, determinando las responsabilidades correspondientes y que los responsables sean sancionados.
Las controversias electorales en América Latina alimentan las sospechas sobre posibles estrategias de influencia política vinculadas al Grupo de São Paulo, fundado en 1990 por Luiz Inácio Lula da Silva y Fidel Castro, y al Grupo de Puebla en México, fundado en 2019 por López Obrador, para hacer prevalecer a la izquierda comunista en la región.
Respecto de los proyectos de ley, decretos de urgencia y demás medidas anunciadas por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, esperamos que se concreten oportunamente y respondan eficazmente a los problemas nacionales. El Perú necesita decisiones firmes y soluciones reales.
¿Dónde están la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior y los órganos de inteligencia militar? ¿Cuándo concluirán su reestructuración y los debates legislativos pendientes? ¡El Perú no puede esperar más!
El país no puede seguir siendo rehén de enfrentamientos políticos que debilitan sus instituciones y obstaculizan la acción del Estado. La delincuencia y las amenazas contra la estabilidad nacional exigen orden, justicia, transparencia y firmeza. Los peruanos merecen instituciones confiables y autoridades comprometidas con el bien común.
(*) Teniente General FAP en retiro
