El Perú ha llegado a un punto de quiebre. Décadas de corrupción, impunidad, inseguridad y deterioro institucional han debilitado la confianza de los ciudadanos en el Estado. Ha llegado la hora de recuperar la autoridad moral de la Nación, restablecer el imperio de la ley y devolver la esperanza a los peruanos mediante un gobierno de integridad, orden y decisión.

Plan de Integridad y Reforma Institucional

Desde el primer día de gobierno se iniciará una profunda transformación del Estado. La Presidente dirigirá un mensaje a la Nación convocando a un gran pacto por la honestidad, la legalidad y la unidad nacional. Simultáneamente se conformará un gabinete integrado por profesionales de reconocida trayectoria y un Comité Nacional Anticorrupción que reunirá a la Presidencia, la PCM, el Ministerio Público, la Contraloría y representantes de la sociedad civil para ejecutar acciones inmediatas contra la corrupción.

Se ordenarán auditorías extraordinarias sobre contratos y licitaciones de alto riesgo.

Durante los primeros treinta días se implementará un Portal Único de Transparencia que publicará las declaraciones patrimoniales, agendas oficiales y contratos de todas las altas autoridades.

En los primeros cien días comenzarán las reformas de fondo: educación cívica y ética desde las escuelas, reforma integral del empleo público, basada exclusivamente en el mérito, reducción de cargos de confianza.

La recuperación del Perú comenzará cuando el ejemplo nazca desde el propio Gobierno.

 

Plan Integral de Seguridad Nacional

La paz y la libertad de los ciudadanos no pueden seguir secuestradas por la delincuencia. La extorsión, el sicariato y el crimen organizado serán enfrentados con toda la fuerza legítima del Estado.

Desde el Día Uno se declarará una política de tolerancia cero contra estas organizaciones criminales. Se creará una Fuerza Especial Antiextorsión y Antisecuestro integrada por la Policía Nacional, el Ministerio Público, los organismos de inteligencia y el sistema penitenciario, con capacidad operativa en todo el territorio nacional.

Las cárceles dejarán de ser centros de operaciones del crimen. Se ejecutarán operativos permanentes para incautar equipos de comunicación, bloquear señales ilegales, trasladar cabecillas a establecimientos de máxima seguridad y sancionar con todo el peso de la ley a los funcionarios penitenciarios que colaboren con las mafias.

En los primeros treinta días se identificarán las principales organizaciones criminales mediante inteligencia financiera y policial.

Durante los primeros cien días se presentará una Ley Integral contra la Extorsión, el Sicariato y el Secuestro.

Asimismo, se crearán juzgados especializados, se modernizará el INPE, se fortalecerá la cooperación internacional y se desarrollarán programas de prevención dirigidos a los jóvenes para impedir que sean captados por las mafias.

La meta de los primeros cien días será recuperar el control del sistema penitenciario, desarticular las principales organizaciones criminales, reducir significativamente las extorsiones y homicidios por encargo y restablecer la confianza de los ciudadanos en el Estado.

Porque un país donde impera la corrupción jamás será libre, y una Nación donde el crimen gobierna jamás conocerá la paz. Ha llegado la hora de recuperar el Perú con autoridad, justicia, honor y decisión.

(*) Teniente General FAP